La tensión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios regionales alcanzó su punto máximo tras finalizar sin acuerdos la reunión de emergencia en el Ministerio de Hacienda. El foco del conflicto es el polémico Decreto 1474 de 2025, una medida expedida bajo la figura de emergencia económica que eleva el IVA al tabaco y los licores del 5% al 19%. El encuentro, liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó en evidencia una ruptura profunda sobre la soberanía fiscal de los departamentos en este 2026.
El Gobierno busca recaudar cerca de $2,5 billones adicionales para paliar el déficit nacional, gravando con el 19% a licores, vinos y aperitivos (excluyendo la cerveza). Sin embargo, 20 de los 32 gobernadores del país rechazan tajantemente la medida. Argumentan que el impuesto al consumo es una renta cedida vital para el territorio, representando en promedio el 43% de sus recursos tributarios. Al centralizar este recaudo mediante el IVA, se estarían restando fondos directos que financian sectores críticos como la salud, la educación y el deporte regional.
Un factor alarmante expuesto por la Federación Nacional de Departamentos es el riesgo inminente de criminalidad. El tabaco y el licor poseen una demanda inelástica; cuando el precio legal se dispara, el consumo no cesa, sino que se traslada al contrabando. En 2024, el mercado ilegal de cigarrillos alcanzó un histórico 36%, generando pérdidas por $1,03 billones. Los gobernadores advierten que este decreto solo fortalecerá a las mafias de contrabando, desfinanciando aún más las arcas departamentales y debilitando el control territorial.
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El impacto social de esta medida es transversal y preocupante. Aunque estadísticamente el consumo de estas sustancias es mayor en hombres, la reducción de recursos fiscales golpea directamente a mujeres y niños, quienes dependen de los servicios sociales financiados por estos impuestos. Desde Nación Colombia, analizamos que este choque no es solo económico, sino un debate sobre la descentralización administrativa en el país. El futuro de la inversión social en las regiones pende de un hilo mientras el Ejecutivo mantiene firme su intención de recaudar a través de este nuevo esquema impositivo.
