El polémico proyecto de ley 347/26, que pretendía endurecer el régimen sancionatorio para las plataformas de transporte en Colombia, fue retirado por el Gobierno Nacional antes de iniciar su debate en el Congreso. La iniciativa, radicada apenas el pasado 20 de enero, generó una ola de críticas al proponer sanciones drásticas no solo para los prestadores del servicio, sino también para los ciudadanos. Según Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, el retiro responde a la necesidad de ajustar el articulado tras lo que calificó como «múltiples interpretaciones erradas» por parte de la opinión pública.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto era la criminalización de la actividad, calificándola como «abiertamente ilegal» en lugar de «no regulada», estatus que mantienen actualmente aplicaciones como Uber, Didi o Cabify. Bajo esta nueva normativa, los propietarios de vehículos particulares enfrentarían inmovilizaciones severas: 60 días por la primera infracción, 90 por la segunda y hasta 120 días por reincidencia. Este endurecimiento buscaba frenar el crecimiento de estas plataformas en favor de los gremios tradicionales, pero fue visto por expertos como un retroceso en la economía colaborativa.
La mayor sorpresa de la propuesta radicaba en el castigo directo al consumidor. El articulado establecía que los usuarios de las aplicaciones podrían ser sancionados con multas de hasta 4,7 millones de pesos por el simple hecho de utilizar el servicio. Esta medida fue tildada de inviable y desproporcionada, provocando un rechazo masivo en redes sociales. De haberse aprobado, los pasajeros habrían perdido la libertad de elegir entre diferentes modalidades y tarifas, afectando el derecho a la libre competencia y la movilidad eficiente en las ciudades.
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Finalmente, el Gobierno Nacional aseguró que el texto será sometido a una revisión profunda para que refleje los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con los gremios, especialmente el sector de carga. Se espera que la nueva versión del proyecto busque un equilibrio que no castigue al ciudadano de a pie y que reconozca los avances tecnológicos del sector. Por ahora, el limbo jurídico de las aplicaciones móviles continúa, mientras el Ministerio de Transporte intenta redactar una norma que brinde «mayor claridad» y seguridad jurídica a todos los actores involucrados.
Colprensa
