El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó en Bogotá el modelo de Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio, formalizado mediante el Decreto 0271 de 2026. Esta iniciativa busca corregir una deuda histórica con los trabajadores que derivan su sustento de la recuperación de residuos, reconociéndolos como trabajadores independientes con derechos, sin imponerles estructuras laborales ajenas a su realidad. El decreto cuenta con el respaldo de los ministerios de Salud, Trabajo y Vivienda, además de Prosperidad Social, estableciendo un marco jurídico que materializa mandatos previos de la Corte Constitucional.
El nuevo modelo se centra en cuatro componentes fundamentales: salud, pensión, protección en la vejez y riesgos laborales. En salud, se asegura la permanencia en el régimen subsidiado, mientras que en materia pensional, los recicladores podrán vincularse a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) administrados por Colpensiones. Para el rubro de riesgos laborales, las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) deberán afiliar a sus asociados a una ARL con una base de cotización de un salario mínimo. Este esquema garantiza que, ante accidentes o enfermedades derivadas del oficio, el trabajador cuente con el respaldo del sistema de seguridad social.
Uno de los pilares de esta normativa es su esquema de financiación, el cual prohíbe expresamente descuentos en los ingresos mensuales del reciclador. Los recursos para cubrir estos aportes provendrán de la tarifa de aprovechamiento del servicio público de aseo y de las actividades comerciales de las organizaciones, según lo disponga la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, enfatizó que no se trata de una formalización forzada, sino de una solución estructural con enfoque social que respeta la autonomía de los más de miles de trabajadores que operan en condiciones de vulnerabilidad.
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La implementación del decreto está programada para entrar en vigencia el 1 de julio de 2026, permitiendo que se realicen los ajustes necesarios en la Planilla PILA y el Sistema Único de Información. Las entidades territoriales jugarán un papel clave al mantener actualizado el censo municipal de recicladores, insumo vital para que entidades como Prosperidad Social identifiquen beneficiarios de programas como Colombia Mayor. Con este hito administrativo, Colombia busca fortalecer la economía ambiental y dignificar la labor de quienes, durante décadas, han sido el motor silencioso de la sostenibilidad en el país.
