En el marco de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, elevó una solicitud formal a la Registraduría Nacional para obtener acceso técnico y realizar una auditoría profunda al software electoral. Aunque el balance de los pasados comicios al Congreso fue calificado como positivo en términos de preconteo y escrutinio, el Ejecutivo busca blindar las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026. La petición central radica en que los partidos políticos y peritos especializados puedan auditar el código fuente en tiempo real para eliminar cualquier sombra de duda sobre posibles inconsistencias entre el número de votantes y los votos registrados.
El ministro Benedetti fue enfático al señalar que, si bien los ejercicios anteriores «salieron bien», la transparencia absoluta solo se logra permitiendo que los actores del proceso democrático conozcan las entrañas tecnológicas del sistema. “Lo que estamos pidiendo es que se pueda hacer una verdadera auditoría para que se quiten las dudas. Que los partidos tengan acceso al código fuente el día de las elecciones y durante el escrutinio”, afirmó el jefe de la cartera política. Esta medida hace parte del Plan Nacional de Garantías Electorales 2026, una hoja de ruta que contempla 96 acciones estratégicas para fortalecer la seguridad y la confianza del electorado colombiano en las urnas.
Por su parte, la ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, respaldó la solicitud informando que ya se han adelantado 22 análisis de vulnerabilidad y servicios web por parte de las colectividades políticas. La intención del Gobierno es que la Registraduría defina una agenda técnica inmediata que permita a expertos independientes y delegados de los partidos revisar el software utilizado tanto en el preconteo como en el escrutinio. Según el Ministerio TIC, el acompañamiento técnico es fundamental para garantizar que el sistema no presente fallas de seguridad ni manipulaciones externas durante la jornada definitiva que definirá el próximo Jefe de Estado.
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Esta tensión institucional surge en un momento crítico del calendario electoral, donde la integridad de los datos es la mayor preocupación de la oposición y el oficialismo por igual. El Gobierno insiste en que aún hay tiempo para ejecutar este proceso de revisión técnica antes de la primera vuelta presidencial. Mientras tanto, la Registraduría deberá responder si abre las puertas de su arquitectura digital a la auditoría externa solicitada, una decisión que marcará el nivel de legitimidad con el que se reciban los resultados el próximo 31 de mayo. Por ahora, el compromiso del Ministerio del Interior es mantener las garantías para que el proceso avance sin contratiempos de orden público o técnico.
