El Gobierno Nacional oficializó la hoja de ruta para la ejecución de 8,68 billones de pesos destinados a mitigar la emergencia en ocho departamentos del país. Según los recientes decretos, estos recursos se incorporarán al Presupuesto General de la Nación 2026 y provendrán, en gran medida, del recaudo generado por impuestos al patrimonio y al IVA en juegos de suerte y azar por internet. Esta medida busca dar respuesta a los gremios que exigían claridad absoluta sobre el destino concreto del dinero recaudado bajo la declaratoria de emergencia.
En el ámbito fiscal, se habilitaron mecanismos de alivio tributario para contribuyentes en mora con la DIAN al 31 de diciembre de 2025. Quienes realicen el pago total de sus obligaciones aduaneras o cambiarias entre el 12 de marzo y el 30 de abril de 2026, podrán acceder a reducciones significativas en sanciones e intereses moratorios. Asimismo, se estableció un impuesto de normalización tributaria con una tarifa del 19% para aquellos que posean activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de este año.
La distribución de los recursos prioriza la atención inmediata y la reconstrucción de infraestructura básica. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) administrará la partida más robusta con 6,35 billones de pesos, de los cuales 1,17 billones se destinarán exclusivamente a rehabilitación temprana. Por su parte, sectores críticos como agricultura y vivienda recibirán 1,6 y 1,3 billones de pesos respectivamente, enfocándose en el acceso a tierras, alivios de deuda agropecuaria y reasentamientos de familias afectadas.
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Finalmente, el plan de inversión contempla una fuerte inyección en el sistema educativo y de servicios. Se destinará 1 billón de pesos para la reparación de 657 sedes educativas y 220.933 millones adicionales para garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la contingencia. En cuanto a conectividad y saneamiento, se asignaron 626.220 millones para la reconstrucción de vías y puentes, mientras que el Ministerio de Hacienda gestionará 878.587 millones para asegurar el suministro de agua potable en los municipios más golpeados.
