El Gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer un borrador de decreto con el que busca evitar que el aumento del salario mínimo en 2026 impacte de manera automática el precio de la vivienda de interés social (VIS). La iniciativa, liderada por el Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo proteger a los compradores, especialmente a los hogares de menores ingresos, y preservar el carácter social de este tipo de inmuebles.
De acuerdo con el proyecto normativo, el precio máximo de una VIS se fija en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv), lo que equivale a $236.370.000, calculados con base en el nuevo salario mínimo de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. El Gobierno señaló que esta medida busca evitar incrementos injustificados y frenar prácticas que han convertido la VIS en un bien cada vez más inaccesible.
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El decreto también introduce cambios clave en la forma en que se pactan los contratos. A partir de su entrada en vigencia, todos los valores deberán fijarse desde el inicio en pesos colombianos, aplicándose a etapas como la separación del inmueble, promesa de compraventa y encargos fiduciarios. El precio acordado inicialmente será el único válido hasta la finalización del contrato, con lo que se elimina la indexación automática al salario mínimo, una de las principales quejas de los compradores en años anteriores.
Finalmente, la normativa contempla un régimen de transición para los contratos firmados antes de su implementación, permitiendo que estos se rijan por la regulación anterior si ya consolidaron situaciones jurídicas. Según el Ministerio de Vivienda, estas reglas buscan garantizar la función redistributiva de la VIS, asegurar que los subsidios estatales lleguen a quienes más lo necesitan y brindar mayor seguridad jurídica a los compradores en el mercado inmobiliario.
