El Gobierno nacional dio por terminada su participación en diálogos y espacios sociojurídicos con varias estructuras armadas y criminales, una decisión que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Diálogos y espacios que concluyen
La medida, anunciada el 11 de septiembre, se ejecuta por instrucciones del presidente Abelardo De La Espriella y tiene efectos desde el 7 de agosto. La Presidencia sostuvo que los mecanismos heredados de la administración anterior no demostraron avances concretos en paz, desarme o sometimiento a la justicia.
El cierre abarca las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el ELN.
También concluyen los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. La decisión incluye el levantamiento de la zona temporal ubicada en el Valle del Guamuez.
Gobierno plantea sometimiento judicial
La Presidencia indicó que durante el cuatrienio anterior se destinaron más de $7.000 millones exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores. Esa cifra no incluye recursos para esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros gastos cubiertos con el erario.
El Gobierno afirmó que no mantendrá escenarios institucionales que, en su consideración, sean usados para prolongar acciones delictivas, obtener beneficios procesales o evadir la ley. Planteó que quienes manifiesten una voluntad real de abandonar las armas deberán someterse a la justicia.
Frente a quienes persistan en actos de violencia contra la población civil, el Ejecutivo señaló que serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.
