Con el objetivo de garantizar la integridad de los comicios legislativos del 8 de marzo y los presidenciales del 31 de mayo, se instaló en Bogotá la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales. El encuentro, liderado por el registrador nacional Hernán Penagos, reunió a las cabezas del poder judicial y de control, incluyendo a la fiscal Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, para coordinar la estrategia de prevención y respuesta frente a posibles irregularidades.
Uno de los anuncios más relevantes fue la creación del mapa de riesgo electoral por parte de la Fiscalía General. Esta herramienta permitirá identificar territorios vulnerables a fenómenos como la trashumancia (trasteo de votos) y la coacción al elector. La fiscal Camargo confirmó que se instalarán puntos de recepción de denuncias en zonas críticas y se habilitarán canales virtuales para que la ciudadanía reporte anomalías en tiempo real. «El propósito no es la persecución indiscriminada, sino la prevención y la pedagogía», enfatizó el registrador Penagos.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/esposa-de-daniel-quintero-iria-a-consulta-petrista/
En materia de orden público, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dio un parte de tranquilidad al asegurar que la Fuerza Pública garantizará la seguridad en el 100 % de los 13.000 puestos de votación. Para fortalecer la presencia en áreas rurales y zonas con presencia de grupos armados, se anunció la extensión del servicio militar, una medida operativa destinada a robustecer el control territorial durante las jornadas de votación y evitar cualquier intento de sabotaje al proceso democrático.
Finalmente, el procurador Gregorio Eljach resaltó la unión institucional entre la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría como un muro de contención en defensa de la democracia. Por su parte, Penagos hizo un llamado a la prudencia institucional: instó a no subestimar los riesgos para proteger el voto libre, pero también a no sobreestimarlos, evitando así narrativas que busquen deslegitimar o suspender las elecciones. Con este despliegue, el Estado envía un mensaje de unidad y firmeza contra la corrupción electoral.
