Los 32 gobernadores del país anunciaron medidas jurídicas contra el decreto de emergencia económica publicado por el Gobierno Nacional, en lo que se vislumbra como un posible conflicto jurídico con la administración de Gustavo Petro. La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND), donde los mandatarios expresaron su preocupación por el impacto de la medida en la gobernanza y autonomía de los departamentos.
Según la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, los mandatarios evaluarán con urgencia “el instrumento jurídico idóneo para frenar lo dispuesto en el decreto 1474 de 2025, especialmente en lo referente al aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo”. Los gobernadores tampoco descartan solicitar una excepción de inconstitucionalidad, ante el riesgo que este decreto representa para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales.
En este contexto, los gobernadores podrían respaldar la postura del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien se negó a aplicar los impuestos sobre licores y cigarrillos establecidos por el decreto. Además, se conformó una comisión representativa que presentará ante la Corte Constitucional las graves consecuencias de la medida en sectores como salud, educación e inversión social, buscando garantizar que la aplicación del decreto no afecte los servicios a la ciudadanía.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/corte-constitucional-inicio-la-revision-del-decreto-de-emergencia-economica/
El comunicado conjunto de los mandatarios también respondió a las críticas del Ministro Armando Benedetti, quien los calificó como un “mal ejemplo”. Los gobernadores afirmaron que estas declaraciones “deslegitiman su mandato y desconocen la autoridad que representan, así como la labor responsable y permanente que adelantan en beneficio de sus comunidades”. Por su parte, desde el Gobierno Nacional se advirtió que podrían iniciarse denuncias jurídicas contra los mandatarios por posible prevaricato, aumentando la tensión política entre la administración central y las regiones.

