La Corte Constitucional ha tomado una decisión trascendental que cambia el rumbo del examen jurídico a la reforma pensional en Colombia. La Sala Plena aceptó de manera unánime el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien hasta ahora lideraba la ponencia que buscaba declarar la inexequibilidad de la ley. Con esta determinación, el togado se aparta del proceso tras la controversia generada por una entrevista en la que, según el Gobierno Nacional, habría prejuzgado el asunto al señalar posibles vicios de trámite insubsanables durante el proceso legislativo en el Congreso.
Con la salida de Ibáñez, el expediente ha sido asignado por reparto a la magistrada Paola Meneses, actual presidenta del alto tribunal. Este relevo implica un giro absoluto en los tiempos del debate, ya que la nueva ponente deberá reconstruir el análisis jurídico desde cero. La propuesta inicial de Ibáñez, que sugería «tumbar» la reforma por irregularidades en su aprobación, ha quedado descartada como documento base, lo que posterga una decisión definitiva que el país aguarda desde hace casi un año en medio de una fuerte incertidumbre económica.
El centro de la controversia constitucional no radica en el contenido del modelo pensional, sino en la legalidad del trámite legislativo. Las demandas presentadas sostienen que durante el cuarto debate en la Cámara de Representantes, el texto fue aprobado sin una deliberación suficiente, práctica conocida coloquialmente como «pupitrazo». Asimismo, se investigan posibles irregularidades relacionadas con el quórum y la falta de análisis de las proposiciones, lo que vulneraría los principios de publicidad y transparencia que exige la Constitución para leyes de tal magnitud.
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Este nuevo capítulo procesal aumenta la expectativa en los mercados financieros y entre los millones de cotizantes que esperan claridad sobre el futuro de sus ahorros. El Gobierno, que interpuso la recusación inicial a través de la Presidencia, ve en este cambio de ponente una oportunidad para que la norma sea validada, mientras que los sectores de oposición alertan sobre la seguridad jurídica del sistema.
