Gestión de Justicia y Paz
La Ley de Justicia y Paz, la primera justicia transicional que nació como parte de los acuerdos entre el Estado colombiano y los paramilitares, que propiciaron su desmovilización, cumple 20 años, pero, contrario a lo que se esperaba, aún hay deudas en materia de judicialización y de reparación a las víctimas.
Así lo reveló la Contraloría este jueves en el marco del foro «20 años de la Ley de Justicia y Paz en Cifras», a través del contralor Carlos Hernán Rodríguez.
«La Contraloría General de la República considera que, después de 20 años de la Ley de Justicia y Paz, la gestión del Estado colombiano ha sido ineficaz.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados», explicó el contralor.
Las palabras del contralor se basan en un informe realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, que inició en junio de 2024 y contiene datos recogidos desde 2005.
Según ese estudio, el Estado destinó para la puesta en marcha de Justicia y Paz un total de $17,7 billones. Estos recursos han sido ejecutados especialmente por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con 86,52%, seguida por la Fiscalía General de la Nación con 11%, la Rama Judicial con 2,05%, el Ministerio de Justicia y del Derecho con 0,24% y la Agencia de Reincorporación y Normalización con 0,19%.
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En ese punto, la entidad aseguró que es muy grave que el Estado haya tenido que asumir no solo su implementación, sino también la reparación de las víctimas, cuyos victimarios han sido objeto de extinción de dominio en torno a bienes avaluados en $24,37 billones.
«Quiero llamar la atención sobre el hecho de que, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados. Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del Presupuesto General de la Nación para cubrir la diferencia. Sin embargo, la realidad muestra que este proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva», precisó el contralor.
Por ello, es necesario evaluar de qué manera y en qué forma se puede avanzar en esta situación.
«Esto va más allá de una crítica destructiva, se trata simplemente de la imperiosa necesidad y obligación que tenemos los diferentes actores del Estado de analizar cómo, desde nuestras competencias, aprendemos de los errores cometidos y reafirmamos el camino, construyendo planes de acción que nos permitan corregir esos errores que eventualmente puedan haberse cometido», puntualizó el contralor.
Por otra parte, el informe señala que se postularon un total de 5.079 personas a la Ley, en su gran mayoría por desmovilización colectiva de las AUC (86,9%), seguidas por desmovilizaciones individuales de las FARC (10,1%) y otros grupos subversivos con 3%. Sin embargo, el 64% (más de 3.000 personas) fueron excluidas, en su mayoría porque no ratificaron su voluntad de acogimiento.
El informe agrega que actualmente hay 1.500 personas activas, de las cuales 921 fueron condenadas por 15.236 hechos delictivos. También alerta que, aunque se vincularon 15.177 bienes, solo el 7% ha tenido extinción de dominio.
(Colprensa)
