Los gobiernos de Occidente están lidiando con un desafío financiero cada vez mayor debido al mantenimiento de los superyates rusos que han sido incautados como parte de las sanciones tras la invasión a Ucrania. Un caso destacado es el del Amadea, un yate que se estima tiene un valor de más de 230 millones de dólares, y que ha estado retenido en San Diego desde 2022. Su mantenimiento ha costado más de 20 millones de dólares en dos años, incluyendo gastos de tripulación, combustible, seguros y mantenimiento técnico.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha pedido autorización judicial para subastar el yate y así recuperar parte de los fondos públicos que se han invertido. Sin embargo, los procesos legales para determinar su propiedad han bloqueado cualquier intento de venta. El Amadea ha sido relacionado con el oligarca Suleiman Kerimov, pero la defensa sostiene que realmente pertenece a un empresario que no está sancionado.
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En Reino Unido, otro caso relevante es el del yate Phi, valorado en cerca de US $50 millones y retenido en Londres. Aunque su dueño ha asumido algunos costos, el proceso ha llegado hasta la Corte Suprema, sin una solución definitiva.
Otros países como Italia, España y Antigua y Barbuda también enfrentan altos costos por yates confiscados, como el Sailing Yacht A, que habría generado gastos superiores a US $30 millones desde su incautación.
Analistas advierten que estas medidas, aunque simbólicamente poderosas, tienen un impacto económico negativo y escasa efectividad para presionar al Kremlin. Las demoras judiciales, la disputa de propiedad y la imposibilidad de monetizar los activos confiscados representan una carga financiera y política para los gobiernos que lideran las sanciones.
