La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exgerente del hospital municipal, E.S.E José Rudencido López Parodi, de Barranco de Loba, Bolívar (2016-2019), Érica IBeth Cossio Moreno, y contra el tesorero de la entidad durante el mismo período, Emelson Flores Fonseca, por su presunta responsabilidad en la contratación ficticia de un médico para cobrar honorarios por más de $ 50 millones. Según la investigación realizada por el Ministerio Público, los funcionarios implicados habrían utilizado los datos y documentos aportados por un profesional de la salud, para elaborar contratos ficticios y falsificar su firma con el fin de generar y pagar contratos de prestación de servicios profesionales por más de $50 millones en el año 2019.
Estos funcionarios, además, habrían aprovechado su condición de ordenadores del gasto y pagadores autorizados por la entidad, para expedir cheques a nombre del médico cuya identidad fue robada y, falsificando su firma, endosarlos a nombre de terceras personas que los cobraron. Tal conducta sistemática habría sido realizada de manera deliberada por la gerente de la ESE, quien, según el Auto de Cargos, ordenó supuestos contratos durante 2019, así como los pagos correspondientes a esta persona, como si el médico contratista prestara efectivamente el servicio a la empresa.
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Las faltas endilgadas a los funcionarios fueron calificadas provisionalmente como Gravísimas a título de Dolo. Además, la Procuraduría Provincial de El Banco, Magdalena, ordenó la compulsa de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que esta entidad establezca las responsabilidades penales de los presuntos implicados. Este caso, que involucra la presunta falsificación de contratos y el cobro irregular de honorarios, pone en entredicho la integridad y la transparencia en la gestión de recursos públicos en el sector de la salud en Barranco de Loba, Bolívar. La acción de la Procuraduría busca no solo sancionar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad de resguardar los principios éticos y legales en la administración de entidades de salud.
