Lo que comenzó como el escándalo de corrupción más grande de los últimos años en la UNGRD, ahora suma un capítulo oscuro de espionaje y manipulación. La Fiscalía General de la Nación ha puesto la lupa sobre lo que sería una sofisticada operación ilegal de inteligencia diseñada para desacreditar y fabricar pruebas contra Sneyder Pinilla, una de las piezas fundamentales en el rompecabezas judicial que tiene temblando a altos funcionarios del Estado.
Pruebas «adulteradas» con apariencia legal
La investigación sugiere que no se trata de simples rumores. Según los indicios, se habría recolectado información de manera ilícita para luego «disfrazarla» de legalidad mediante informes periciales adulterados. El objetivo era claro: construir narrativas falsas para proteger a exministros, exdirectores de inteligencia y expresidentes del Congreso que han sido salpicados por las declaraciones de los testigos protegidos.
El penalista Gustavo Moreno Rivera, quien lidera la defensa técnica de Pinilla, fue quien puso estas pruebas sobre la mesa de las autoridades, alertando sobre la gravedad de que se esté intentando torcer el brazo de la justicia mediante engaños técnicos.
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El uso de tecnología oficial para fines particulares
Uno de los puntos más alarmantes de la pesquisa es la presunta participación de agentes y exagentes del Estado. Se investiga si estos funcionarios utilizaron, sin orden judicial, herramientas tecnológicas de última generación —exclusivas de los organismos de seguridad— para filtrar y manipular datos que terminaron convertidos en falsos peritajes técnicos.
Influencers y «bodegas» en la mira
La operación no solo habría ocurrido en los despachos, sino también en el terreno digital. La Fiscalía indaga una estrategia coordinada en la red social X (antes Twitter), donde contratistas estatales que fungen como influenciadores digitales habrían publicado contenido sincronizado.
Esta «maquinaria» digital tendría el fin de posicionar relatos falsos en la opinión pública y generar una presión indebida sobre los fiscales y jueces encargados del caso, intentando desviar la atención de los verdaderos responsables del saqueo a la unidad de gestión del riesgo.
