Comunidades Emberá Chamí buscan recuperar territorio y tradiciones en nuevo hogar tras desplazamiento forzado.
En medio de un contexto marcado por el desplazamiento forzado y la búsqueda de justicia, tres familias Emberá Chamí han iniciado un proceso de reubicación en el municipio de Calamar, Guaviare, en busca de un nuevo hogar donde puedan reconstruir sus vidas y preservar su identidad cultural.
Estas familias, que vivían en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, se vieron obligadas a abandonar sus hogares en julio de 2020 tras el asesinato de tres integrantes de su comunidad a manos de grupos armados ilegales. Gracias a un programa de protección a testigos liderado por la Fiscalía General de la Nación, fueron trasladadas a Calamar, donde han enfrentado diversos desafíos en su proceso de adaptación.
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Sin embargo, a finales de mayo de 2024, la Unidad para las Víctimas acompañó a estas familias en unas jornadas de fortalecimiento comunitario y rearmonización cultural, con el objetivo de garantizar sus derechos de acuerdo con sus costumbres y aspiraciones. Durante estas jornadas, las familias expresaron su deseo de reubicarse en un terreno propio y fértil donde puedan cultivar alimentos esenciales para su dieta tradicional y medicinal, así como para generar ingresos que garanticen su soberanía alimentaria y bienestar.
El proceso de reubicación implica la constitución de estas familias como un nuevo cabildo Emberá en Calamar, con autoridades tradicionales reconocidas por el Ministerio del Interior. Además, se está trabajando en la identificación y adquisición de predios para llevar a cabo su proyecto colectivo con el apoyo de instituciones como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas.
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En palabras de María Noreley Nuriquraza, una de las integrantes de estas familias: «Queremos tener nuestro resguardo y un territorio para cultivar y poder sentirnos bien, cultivando lo que es plátano, las papas, el tomate».
Este proceso resalta la importancia del apoyo continuo de las instituciones nacionales y regionales en la búsqueda de soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado, así como la necesidad de promover la participación activa y la autonomía de las comunidades indígenas en la defensa de sus derechos y la construcción de su futuro.