En un hecho histórico para la justicia transicional en el país, el antiguo secretariado de las extintas Farc reconoció formalmente su responsabilidad en el reclutamiento ilícito y violencia sexual contra 18.677 menores de edad. A través de un video y una carta enviada a la Sala de Reconocimiento de la JEP, líderes como Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Pastor Alape y Julián Gallo, admitieron los horrores del Caso 07, que investiga la instrumentalización de niños y adolescentes entre 1971 y 2016. Este reconocimiento llega tras años de negación y es el resultado de la imputación realizada por la magistrada Lily Rueda, sustentada en más de mil testimonios de víctimas.
Las cifras reveladas por la justicia son devastadoras: de las víctimas acreditadas, el 81% pertenecen a comunidades étnicas, indígenas o sectores rurales golpeados por la pobreza extrema. El reconocimiento no solo abarca el reclutamiento, sino también patrones criminales atroces como abortos forzados, anticoncepción obligatoria y esclavitud sexual. Pastor Alape admitió explícitamente que estas prácticas «afectaron gravemente la vida y la dignidad», reconociendo que la política de planificación familiar intrafilas derivó en vulneraciones sistemáticas de los derechos reproductivos de las niñas combatientes.
La investigación de la JEP detalla que el 18% de los menores víctimas (especialmente mujeres) sufrieron actos de desnudez forzada y uniones forzadas, conductas que el secretariado aceptó como parte de su responsabilidad por omisión o mando. Este paso procesal es fundamental, ya que habilita por primera vez un diálogo directo entre las víctimas y sus victimarios, permitiendo que los afectados expresen sus observaciones frente a lo dicho por los jefes guerrilleros. La magistrada Rueda destacó que este avance es un peldaño decisivo para la construcción de una verdad completa que repare el tejido social en las regiones más afectadas.
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Tras este reconocimiento de responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el proceso entra en su etapa final de determinación de sanciones propias. Estas penas, según el Acuerdo de Paz, no consisten en cárcel ordinaria sino en sanciones con un alto componente restaurativo, las cuales podrían incluir trabajos de desminado, búsqueda de desaparecidos o proyectos de infraestructura, siempre bajo la estricta vigilancia del Tribunal para la Paz. Nación Colombia seguirá informando sobre la imposición de estas sentencias que buscan cerrar una de las heridas más profundas del conflicto armado.
