Este lunes, la Presidencia de la República publicó una resolución que otorga a 14 exparamilitares la categoría de gestores de paz, con el propósito de contribuir a la reconstrucción del tejido social, la reparación de víctimas y la construcción de una verdad judicial. El cumplimiento de esta medida estará a cargo del Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
“Todo esto lo va a manejar el MinInterior con la secretaría del Dapre. Vamos a ser la secretaría técnica para que todo esto se conozca y se sepa. Que el país conozca cuáles eran los vínculos de los paramilitares con el Estado y con otros actores”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
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El funcionario agregó que “esta nueva resolución busca que los actores que estuvieron en el conflicto sean gestores de paz, que ayuden a reconstruir el tejido social, que reparen, digan la verdad y que construyan una verdad judicial. Hay sectores que se preocuparán y asustarán, pero quien critique esta resolución lo acuso de tenerle miedo a la verdad”.
La medida tendrá vigencia hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de concluir el mandato del presidente Gustavo Petro. El documento aclara que el reconocimiento como gestores de paz no modifica la situación jurídica de los beneficiarios, ni las medidas de aseguramiento vigentes, ni otorga beneficios judiciales.
Los exparamilitares beneficiados con esta resolución son: Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno, Edward Cobos Téllez, Arnubio Triana Mahecha, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Rodrigo Tovar Pupo, Rodrigo Pérez Álzate, Fredy Rendón Herrera y Héctor Germán Buitrago Parada.
Asimismo, los beneficiarios deberán firmar un acta de compromiso que incluirá actividades específicas de reparación a las víctimas, un responsable de su cumplimiento y los respectivos indicadores de medición. El documento enfatiza que estos compromisos serán de carácter administrativo y voluntario, y no implican cambios en la situación judicial de los designados.
