Exgerente de Nueva EPS; El expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, se defendió de la imputación en su contra por haber presuntamente desviado recursos por más de $70.500 millones, mediante el ocultamiento de facturas emitidas por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
En un comunicado, Cardona aseguró que, según la misma Fiscalía, nunca se apropió de ese dinero, sino que los recursos quedaron en manos de la compañía para el pago de deudas anteriores por los servicios de salud prestados a los colombianos afiliados a la EPS.
“El ente acusador precisó, según el acta de la audiencia, que ‘este delegado (el fiscal) nunca dijo que la apropiación haya sido o que haya salido, sino que fue en favor de la misma Nueva EPS (sic)’. Es decir, no hay enriquecimiento a favor del imputado, ni de terceros, ni para financiar campañas o pagar facturas de pacientes fantasmas, sino a favor de la misma EPS”, dijo.
En el comunicado, su defensa agregó que sostendrán que el valor de las facturas en proceso sí estaba en los estados financieros, registradas en diferentes reservas, y que no es cierto que haya ocultamiento, ya que están en proceso de auditoría y liquidación, visibles en los módulos del sistema.
En la diligencia judicial también fueron imputados el exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez. Todos son investigados, según su grado de participación, por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud.
(También le puede interesar: Procuraduría responde a ola de violencia LGBTIQ+)
De acuerdo con la investigación, entre 2019 y 2023, por instrucción de la gerencia de la Nueva EPS, se ordenó no procesar la totalidad de la facturación radicada por las IPS. Esta situación generó que la información consignada en los estados financieros de la EPS no fuera real ni fidedigna, ocultando así el alto grado de endeudamiento y el verdadero costo que tenía la entidad.
Este ocultamiento llevó a que funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud incurrieran en error al renovar la autorización para que la EPS continuara prestando servicios de aseguramiento a sus afiliados.
Es decir, la entidad no informó su verdadero estado financiero y económico, con la presunta participación de los imputados.
Por ello, el presidente de la entidad informó, tanto a la asamblea general como a la junta directiva, que la Nueva EPS reportaba utilidades, las cuales sometió a autorización para pagar pérdidas de vigencias anteriores por un valor de $70.000 millones. Sin embargo, la realidad era que generaba pérdidas año tras año.
Ninguno de los imputados aceptó cargos ni fue enviado a prisión, ya que el juez del caso consideró que las solicitudes de la Fiscalía no cumplían los requisitos mínimos.
Ante esta imputación, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X:
“A pesar de que me han querido silenciar, aquí la justicia imputa cargos contra altos directivos, con nombre propio, de la Nueva EPS y muestra cómo ocultaron más de 14 millones de facturas antes de la intervención gubernamental. ¿Quién pagará esta deuda? ¿A qué clínicas privadas y agencias farmacéuticas se giraron anticipos, mientras se dejaban 5 billones de pesos en deudas con otras clínicas y hospitales? ¿Quién seleccionaba políticamente a qué clínica se le hacía anticipo y a cuál se la dejaba endeudada y en quiebra? ¿Quiénes son los propietarios de esas clínicas privilegiadas?”, escribió.
(Colprensa)
