Los ataques con drones son cada vez más frecuentes en el país, y por eso el Ministerio de Defensa anunció una nueva estrategia para combatirlos: ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar a operadores o comercializadores de drones con fines criminales.
Lo que pretende el Ministerio es identificar y capturar a personas o redes delictivas dedicadas a la operación o comercialización de aeronaves no tripuladas, utilizadas con fines delictivos o terroristas en contra de la población civil y la Fuerza Pública.
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“El uso de esta tecnología para actividades criminales —como vigilancia ilegal, transporte de drogas, lanzamiento de explosivos o interferencia en operaciones de seguridad— representa una amenaza directa a la vida, la integridad ciudadana y la seguridad nacional”, indicó el Ministerio.
Actualmente, Colombia cuenta con una política integral de control y regulación de drones, en la que participan la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Aerocivil y las autoridades judiciales. Esta regulación está orientada a prevenir su uso indebido y fortalecer la trazabilidad tecnológica de estos equipos.
También ha sido activado el primer Batallón Antidrones, una unidad del Ejército Nacional clave para combatir las amenazas de los grupos terroristas.
El hecho más reciente se presentó en el municipio de Calamar, Guaviare, donde la vivienda del alcalde fue atacada con drones con explosivos, lanzados al parecer por integrantes de la estructura Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, en un intento por desestabilizar la seguridad en el municipio.
Asimismo, fueron atacadas las instalaciones del Batallón de Selva N.° 24 General Luis Carlos Camacho Leyva, ubicado en ese mismo municipio. Un soldado resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
“Como resultado de este acto criminal, un soldado resultó herido, siendo evacuado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se encuentra estable”, informó el Ejército Nacional.
Simultáneamente, se presentaron ataques contra la residencia del alcalde y posteriormente contra un grupo de policías que llegó al lugar para verificar la situación.
La información en poder del Ejército indica que la vivienda del alcalde fue atacada con drones con explosivos, presuntamente por miembros de la estructura Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, en un intento por alterar el orden público y la seguridad en el municipio.
El primer ataque ocurrió en las instalaciones del Batallón de Selva N.° 24 General Luis Carlos Camacho Leyva, en Calamar, donde un soldado resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
