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Tras un arduo debate con la oposición, el Congreso de España aprobó una polémica ley de amnistía para los políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el proceso independentista catalán. La ley será efectiva una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado y sea firmada por el rey Felipe VI, lo cual debe ocurrir en un plazo máximo de 15 días. Posteriormente, los jueces dispondrán de dos meses para ponerla en práctica.
Con la entrada en vigor de la ley, los tribunales deberán anular todas las medidas cautelares vigentes, incluyendo órdenes de detención como la que afecta a Carles Puigdemont. Sin embargo, la aplicación de la ley se realizará caso por caso, y cada juzgado deberá solicitar primero la opinión de la fiscalía y de todas las partes involucradas en el proceso, lo que resultará en una variedad de situaciones distintas.
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La ley también puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, como ya han anunciado varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Algunos expertos han cuestionado su constitucionalidad, argumentando que podría favorecer a ciertos ciudadanos en detrimento de otros. Además, distintos jueces podrían recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría suspender su aplicación hasta emitir un fallo definitivo.
Desde su llegada a la Moncloa en 2018, una de las prioridades del presidente Pedro Sánchez ha sido reducir las tensiones con Cataluña, un tema que ha dominado el debate político en España durante años. El gobierno central cree que la ley de amnistía puede poner fin a este prolongado conflicto.
No obstante, la ley de amnistía ha sido también una necesidad política para Sánchez, ya que fue la principal demanda de los partidos independentistas para apoyar la formación de su gobierno el pasado noviembre. La oposición advirtió entonces que los independentistas no se conformarían solo con la ley y que sus demandas continuarían.
Tras la aprobación de la ley, los partidos Junts y ERC han celebrado su éxito, pero han dejado claro que sus demandas siguen: «próxima parada: referéndum», declaró Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. Sin embargo, el movimiento separatista ha perdido fuerza en Cataluña, como se evidenció en las recientes elecciones autonómicas, donde el Partido Socialista fue la fuerza más votada y aún está negociando con otros partidos para formar gobierno.