El caso de Uribia no es solo un dato estadístico; es una alerta roja para la democracia en territorios étnicos. Mientras la senadora defiende su legitimidad basándose en el apoyo de las comunidades Wayúu, la justicia tiene el deber de demostrar si este apoyo fue real o producto de una maquinaria que aprovechó el control territorial. La transparencia de las elecciones de 2026 depende de que no queden mantos de duda sobre cómo se multiplicaron los panes y los votos en el desierto de La Guajira.
¿Qué debería hacer la justicia?
Ante un incremento del 10.000% en la votación de un solo municipio, la respuesta judicial y administrativa debe ser inmediata y multidimensional:
1. Apertura de Investigación Penal (Fiscalía General)
La Fiscalía debe determinar si existió constreñimiento al elector o fraude en la inscripción de cédulas (trashumancia). La diferencia abismal entre 2022 y 2026 sugiere que no se trata de un crecimiento orgánico, por lo que se deben inspeccionar las listas de votantes y verificar si las personas que aparecen en las actas realmente residen en la zona.
2. Recuento Voto a Voto (Consejo Nacional Electoral – CNE)
El CNE tiene la facultad de ordenar la apertura de las arcas triclaves en Uribia, Albania y Barrancas. Se debe realizar un cotejo minucioso de los formularios E-14 (claveros) frente a los E-24 (comisiones escrutadoras) para detectar posibles alteraciones en las cifras tras el cierre de las mesas.
3. Auditoría al Censo Electoral de la Registraduría
Es imperativo que la justicia exija a la Registraduría un reporte sobre el movimiento del censo electoral en Uribia en los últimos 12 meses. Un salto de tal magnitud solo sería «lógico» si hubo una migración masiva de votantes, lo cual, de no estar debidamente sustentado, configuraría un delito electoral.
4. Verificación de Votos Nulos y Tarjetón Indígena
Dado que la senadora Peralta atribuye parte de la situación a fallas en el diseño del tarjetón, la justicia debe peritar si la confusión fue generalizada o si se utilizó como pretexto para justificar la aparición de votos «fantasma» en zonas rurales de difícil acceso.
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