Una investigación de la revista RAYA y Señal Investigativa ha puesto bajo la lupa al presidente del Partido Conservador, Efraín «Fincho» Cepeda, por su presunta participación en una red de coimas en Barranquilla. El caso se centra en un contrato de $3.000 millones adjudicado bajo urgencia manifiesta para ampliar los cupos en la cárcel El Bosque. Según testimonios y chats revelados, Cepeda habría exigido el 10% del valor del contrato ($300 millones) a través de su ficha política, Clemente Fajardo Chams, quien para la época de los hechos (segunda alcaldía de Alejandro Char, 2016-2019) se desempeñaba como Secretario de Gobierno.
La relación entre Cepeda y Fajardo no es nueva; Fajardo ha sido considerado un coequipero de confianza del senador, ocupando cargos en la Comisión Cuarta del Senado y la Aeronáutica Civil antes de llegar al gabinete de Char. Los chats filtrados muestran a un Fajardo presionando al contratista Luis Enrique Guzmán Chams, asegurando que «Fincho» estaba molesto por el retraso en el pago. En las conversaciones, Fajardo advierte que el senador acostumbraba a recibir el dinero «antes de empezar» las obras, sugiriendo un modus operandi sistemático para la adjudicación de contratos en la ciudad.
El contratista implicado, Guzmán Chams, también ha denunciado irregularidades en el proyecto del Megatanque de 7 de Abril, una obra de $20.000 millones que debía beneficiar a 800.000 personas pero que sufrió retrasos y sobrecostos. Guzmán afirma que Héctor Amaris, alias «Oso Yogui» y mano derecha de Alex Char, le exigió coimas para liberar los pagos de las actas de obra. Estas denuncias han tenido un costo personal para el contratista, quien asegura haber sido víctima de atentados, seguimientos y chuzadas tras decidir colaborar con la justicia y exponer la presunta financiación ilegal de campañas políticas con dineros de la contratación.
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Por su parte, el senador Efraín Cepeda ha negado cualquier vínculo reciente con Clemente Fajardo, afirmando que no tiene contacto con él desde hace una década, a pesar de que los hechos investigados ocurrieron en un periodo más reciente. Mientras la Fiscalía General de la Nación prepara las diligencias para ampliar estos testimonios, Barranquilla enfrenta una de sus peores crisis penitenciarias con un hacinamiento del 232%, el más alto del país. Este escándalo no solo afecta la imagen del precandidato presidencial Cepeda, sino que pone en duda la transparencia en la ejecución de obras críticas para la seguridad y el bienestar de los barranquilleros.

