La Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 001, con el objetivo de fortalecer la implementación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). En esta directiva, se hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para adoptar un enfoque diferencial de género, junto con estrategias integrales en derechos humanos, seguridad y convivencia ciudadana.
La directiva está dirigida a ministerios como los del Interior, Justicia y Defensa Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, así como a gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y consejos municipales. Este documento busca garantizar una gobernanza territorial más inclusiva y efectiva.
Enfoque diferencial de género y su importancia en los PISCC
La Procuraduría enfatizó la necesidad de incluir el enfoque diferencial de género en los PISCC, destacando la importancia de abordar fenómenos de violencia y criminalidad desde perspectivas inclusivas y con estrategias multisectoriales. Entre las recomendaciones incluidas en el Anexo Técnico están:
- Análisis normativo y diagnóstico de las problemáticas actuales.
- Identificación de actores clave.
- Evaluación de recursos disponibles para la implementación.
Estas acciones buscan superar las barreras que enfrentan grupos en situación de vulnerabilidad y garantizar un impacto positivo en los territorios más afectados por la inseguridad y la violencia.
Alianzas multisectoriales y alertas tempranas
El ente de control recordó que los PISCC deben implementarse en articulación con diversos actores, como las administraciones locales, la Policía Nacional, el sistema judicial, organizaciones de la sociedad civil y sectores privados. Además, subrayó que las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo deben ser consideradas como una herramienta clave para prevenir riesgos y atender situaciones críticas.
Estrategias diferenciadas para territorios complejos
La Procuraduría también exhortó al Gobierno nacional a desarrollar estrategias interinstitucionales que refuercen las capacidades de las entidades territoriales para enfrentar fenómenos de criminalidad. En este sentido, se destacó la necesidad de priorizar las zonas rurales y urbanas con mayores desafíos en materia de seguridad y convivencia.
Estas estrategias deben considerar las dinámicas sociales, económicas y culturales de cada región para garantizar soluciones sostenibles y ajustadas a las necesidades locales.
Planificación integral y participación activa
Finalmente, la directiva subrayó la importancia de fomentar la integración regional, la planificación territorial, la armonización presupuestal y la participación activa de los diferentes actores sociales. El objetivo es promover proyectos que aborden las problemáticas locales de manera integral, con un enfoque en la optimización de recursos y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.
Con estas medidas, la Procuraduría busca impulsar la construcción de territorios más seguros, equitativos y respetuosos de los derechos humanos.
