La Unidad Investigativa de Nación Colombia, a treves de nuestro portal Nación Costeña, destapó una compleja red de intereses políticos, vínculos familiares y silencios institucionales que estarían marcando el concurso para elegir al nuevo Contralor Distrital de Cartagena. Lo que debía ser un proceso transparente se convirtió, según los hallazgos, en una muestra del viejo poder que aún domina la ciudad: nepotismo, complacencias y falta de control.
Nuestro medio regional intentó, en repetidas ocasiones, obtener una versión del presidente del Concejo de Cartagena, Rafael Meza Pérez, sobre las presuntas irregularidades. Aunque aseguró que su jefe jurídico respondería, nunca lo hizo. Tampoco lo hizo la jefa de prensa, Sandra Guzmán, pese a que se comprometió a trasladar las preguntas. El silencio fue total.
Vínculos familiares ponen en duda elección en Cartagena
Uno de los casos más delicados es el de Martha Luz Turizo Lobo, quien obtuvo el primer lugar en el examen de conocimientos. Turizo es esposa del magistrado Francisco Pascuales Hernández, actual presidente del Tribunal Superior de Cartagena, y mantiene vínculos académicos con la Universidad de Cartagena, entidad contratada por el Concejo para ejecutar el concurso. Esa doble relación compromete la imparcialidad exigida por el artículo 209 de la Constitución, que ordena que toda actuación administrativa debe regirse por los principios de moralidad y transparencia.
La situación se volvió más polémica cuando, el 6 de octubre de 2025, Meza Pérez entregó una medalla de reconocimiento a la Universidad de Cartagena, justo mientras esta institución desarrollaba el contrato del concurso. Aunque el acto se presentó como un homenaje institucional, su coincidencia temporal deja en duda la independencia del proceso.
Renuncia silenciosa en medio del escándalo
La investigación también reveló que Miguel Torres Marrugo, otro de los aspirantes, figura como contratista vigente del Distrito durante 2025 con un contrato por $36 millones, lo que configura una inhabilidad directa según la Ley 1904 de 2018 y la Ley 136 de 1994.
Poco después de que este medio enviara preguntas al presidente del Concejo, Torres Marrugo renunció silenciosamente a su aspiración. Su dimisión ocurrió horas después del cuestionario, lo que sugiere un intento por evitar un escándalo mayor.
A pesar de los compromisos públicos, ni el presidente del Concejo, ni su jefe jurídico, ni la oficina de prensa respondieron. La negativa no es un simple descuido. Según el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), omitir respuestas a solicitudes de información es una falta gravísima que puede acarrear sanciones o incluso responsabilidad penal por abuso de autoridad. Además, la Ley 1712 de 2014 obliga a divulgar información pública sin demoras injustificadas.
Si el concurso continúa sin una depuración real, los concejales podrían enfrentar consecuencias disciplinarias severas. Elegir a sabiendas a un candidato inhabilitado puede ser sancionado con destitución e inhabilidad de hasta veinte años, según la Ley 1952 de 2019.
¿Por qué el Silencio?
Fuentes internas del Concejo aseguran que el silencio del presidente Meza Pérez sería estratégico. Detrás de su mutismo habría un intento por proteger a ciertos aspirantes y mantener bajo reserva los acuerdos políticos que se estarían gestando para definir el cargo de contralor.
Lo que ocurre en el Concejo de Cartagena parece más que una irregularidad administrativa: es el reflejo de un poder que se resiste a perder sus viejas mañas.
Nuestro medio informativo Nación Costeña continuará vigilando de cerca este proceso de elección, comprometida con revelar cada detalle que afecte la transparencia y el buen gobierno en Cartagena.
