Tras una intensa jornada de cuatro horas en la Mesa de Concertación Extraordinaria, el panorama del salario mínimo en Colombia parece haber tomado un rumbo definitivo. El Gobierno Nacional se prepara para expedir un nuevo decreto que mantendría el incremento del 23,7%, una cifra que ha generado una polarización profunda entre los actores económicos del país. Esta decisión surge como respuesta a un Auto del Consejo de Estado, que exige la revisión y nueva promulgación de la normativa que rige el salario para el presente año, tras las controversias generadas por el anterior Decreto 1469.
Las centrales obreras han cerrado filas en torno a la administración actual, asegurando que el incremento del 23,7% no es negociable por tratarse de un «derecho adquirido, legal y constitucional». Los líderes sindicales insisten en que cualquier modificación a la baja afectaría gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un contexto de inflación persistente. Argumentan que el nuevo decreto debe conservar las mismas condiciones del promulgado en diciembre pasado para garantizar la estabilidad económica de las familias colombianas más vulnerables.
En la otra cara de la moneda, el sector gremial, encabezado por Fenalco, ha expresado una alarma justificada sobre las consecuencias de este porcentaje. Los empresarios sostienen que mantener un aumento de tal magnitud pone en riesgo directo cerca de 700.000 empleos formales, debido a la incapacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para absorber los costos operativos. Según los gremios, esta medida podría incentivar la informalidad laboral y frenar la inversión privada en sectores clave para la reactivación nacional.
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El país queda ahora a la espera de la firma oficial del presidente, mientras el Consejo de Estado vigila que el procedimiento cumpla con los requisitos de ley. La expectativa no es solo económica, sino social, pues de este decreto depende el equilibrio entre la justicia social reclamada por los trabajadores y la viabilidad financiera del sector productivo
