El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) suma un nuevo capítulo que afecta directamente la representación política del Caquetá. La Corte Suprema de Justicia ha compulsado copias para investigar formalmente al representante John Fredy Núñez Ramos, quien actualmente ocupa la curul de paz número 5 y fue recientemente reelegido para la Cámara territorial bajo la coalición del Nuevo Liberalismo, ASI y Alianza Verde. La investigación busca determinar su presunta participación en el entramado de sobornos y direccionamiento de contratos que sacude al Legislativo.
Según el magistrado ponente Misael Rodríguez, existen indicios de que Núñez, como miembro de la comisión económica de la Cámara, habría estado involucrado en el pactado de contratos por más de 92.000 millones de pesos. Estos recursos, al parecer, habrían sido ofrecidos a varios congresistas a cambio de votos favorables para proyectos de ley y reformas clave del Gobierno Nacional. El nombre de Núñez aparece en testimonios clave, como el de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien señaló el presunto interés del representante en intercambios burocráticos para su región.
Por su parte, el representante Núñez ha negado tajantemente las acusaciones, asegurando que no participó en las reuniones mencionadas ni estuvo presente el 15 de diciembre de 2023, fecha en la que se aprobó uno de los créditos cuestionados. «No tengo nada de qué preocuparme, nunca he actuado en contra de la ley», afirmó el congresista, desestimando los vínculos con el saqueo a la entidad. Sin embargo, la Corte insiste en esclarecer si su voto fue acomodado bajo promesas de beneficios contractuales.
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La situación jurídica de Núñez agrava la crisis de las curules de paz, sumándose a los casos de Karen Manrique y Wadith Manzur. De hallarse responsabilidad, se podría aplicar la figura de la silla vacía, lo que dejaría al departamento del Caquetá sin uno de sus asientos en el Congreso. Este panorama pone en entredicho la legitimidad de las representaciones destinadas a las víctimas del conflicto, que ahora se ven salpicadas por el mayor escándalo de corrupción administrativa de los últimos años. Desde Nación Colombia, mantendremos el seguimiento a las decisiones de la Corte Suprema.
