En un tenso Consejo de Ministros celebrado este lunes en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia que redefine la relación entre el Estado y el sector privado sanitario: el Gobierno Nacional no asumirá las deudas de las EPS cuyos propietarios hayan desviado o «robado» recursos públicos. El mandatario fue enfático al señalar que sanear estos pasivos con dinero del erario no solo sería un acto de impunidad frente a la corrupción, sino que dispararía el déficit fiscal, comprometiendo la estabilidad financiera de todo el país.
Uno de los puntos más críticos de la jornada fue la revelación de la «deuda oculta» en la Nueva EPS. Tras la intervención de la entidad, se descubrió el ocultamiento de 5 millones de facturas por un valor de $5 billones de pesos que no aparecían en los estados financieros oficiales. Petro advirtió que la quiebra de esta entidad representaría un riesgo sistémico, pues su liquidación provocaría el colapso de la mitad de la red hospitalaria, tanto pública como privada. Para evitar este escenario, el Ejecutivo anunció un plan de choque que inyectará entre 4 y 5 billones de pesos mediante vigencias futuras.
El jefe de Estado también dirigió duras críticas hacia la Fiscalía General de la Nación, cuestionando la falta de avances en investigaciones sobre desvíos masivos de dinero, como el caso de Coosalud, donde se denunció la pérdida de 200 mil millones de pesos. Petro solicitó a la Superintendencia de Salud enviar auditorías forenses para rastrear el destino de estos fondos, los cuales, según sus declaraciones, terminaron financiando lujos personales de dueños de EPS mientras miles de ciudadanos enfrentaban barreras de acceso a servicios básicos y medicamentos.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/la-mitica-saga-de-star-wars-regresa-al-cine-con-the-mandalorian-and-grogu/
Finalmente, el mandatario vinculó la crisis actual con el bloqueo sistemático de la Reforma a la Salud en el Congreso. Según Petro, existen sectores políticos que han recibido financiamiento de estas entidades para frenar el cambio de modelo, permitiendo que «mafias armadas» y grupos de interés sigan lucrando con el derecho a la vida.
