La crisis humanitaria en el sur de Bolìvar se agudiza: cientos de familias han abandonado sus hogares en las ùltimas semanas debido a los crecientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las operaciones militares en la regiòn.
Por: Alejandra Castro Meléndez.
El sur de Bolívar, una región rica en biodiversidad y recursos naturales, ha sido escenario de una crisis humanitaria prolongada. Los conflictos armados entre grupos ilegales y las fuerzas del Estado, junto con economías ilícitas, han desencadenado un desplazamiento forzado masivo, las familias que huyen de la violencia no solo abandonan sus tierras sino también sus formas de vida, sumándose a una crisis que parece no tener solución a la vista.
En las últimas décadas, esta región ha sido una zona estratégica para grupos armados ilegales debido a su ubicación y riqueza en recursos naturales como lo es la minería ilegal y los cultivos ilícitos.
Estos factores han convertido a la región en un campo de disputa, afectando gravemente a la población civil. Según cifras entregadas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), “el 3 de febrero, 153 personas (48 familias) de 5 veredas de Santa Rosa del Sur, La Cristalina, El Páramo, San Eduardo, Media Luna y Santa Teresa, se desplazaron hacia el centro poblado del corregimiento de Fátima y la cabecera municipal por enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales (GANE), por amenazas e instalación de artefactos explosivos.
Actualmente, permanecen alojadas en redes de apoyo en el centro poblado de Fátima y en la cabecera municipal”
Agrega la publicación del pasado 12 de febrero, que desde el 7 de este mes, 395 personas (170 familias) de las veredas Mina Gorila y Mina Plana (municipio de Montecristo), se desplazaron hacia el centro poblado del corregimiento El Paraíso y 144 personas (74 familias) de la vereda Mina Piojó están confinadas debido a la orden de un GANE de desalojar la zona”.
Tres actores armados se encuentran en esta parte del país. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias al mando de alias Calarcá Córdoba, auto denominadas “Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)” y el llamado “Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)” y se disputan además del territorio el control de los yacimientos mineros en la serranía de San Lucas.
Santoya Peña, campesino y presidente de la Asociación Departamental Campesino de Bolívar, sostiene que su organización ha recibido a otros campesinos que han huido de esta situación.
“En este momento estamos realizando unas actividades en representación del pueblo campesino, pero a la vez también estamos recibiendo algunos campesinos que vienen de Santa Rosa del Sur y otros municipios que hoy están padeciendo una ola de inseguridad y de violencia y nosotros les estamos garantizando esa permanencia”.
También, manifestó su preocupación por las amenazas de muerte que ha recibido por su lucha contra la violencia en esta zona.
“Estamos preocupados por las diferentes amenazas de muerte que nos han llegado en el día de ayer, por lo cual también pedimos ayuda del gobierno nacional a través de la ONP y el presidente de la República para que nos garantice la seguridad en todo el territorio del departamento para que nosotros podamos ejercer nuestras labores en nuestra organización campesina”.
Iván Sanes, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación de la gobernación de Bolívar, aseguró al periódico El Espectador, que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha solicitado en cuatro ocasiones apoyo al gobierno central para el departamento.
“Se ha hecho un llamado insistente al gobierno nacional, ya que es necesaria una mayor presencia de toda la oferta institucional, así como ayudas de atención inmediata, debido al aumento del conflicto y las confrontaciones armadas en el departamento, especialmente en el sur de Bolívar”, señala Sanes.
El funcionario destaca que actualmente hay desplazamientos en Montecristo y también en el corregimiento de Paraíso. “Las personas desplazadas provienen de Mina Plana y Mina Gólida, donde se han censado a aproximadamente 530 personas.
Además, hay un confinamiento en un territorio llamado Mina Piojo, donde residen alrededor de 144 familias”.
La situación es compleja, y el Secretario de Víctimas y Reconciliación del departamento de Bolívar indica que la respuesta del Alto Comisionado para la Paz, ha sido muy limitada.
“Se ha hecho un llamado insistente al gobierno nacional, pues toda vez que se hace necesario mayor presencia de toda la oferta institucional y ayudas de atención inmediata porque ha aumentado el conflicto y las confrontaciones armadas en el departamento, más específicamente en el sur de Bolívar».
Esta situación sigue siendo una herida abierta en el tejido social colombiano, desencadenando consecuencias sociales y económicas , pues el desplazamiento no solo afecta a las familias que lo sufren directamente, sino también a la economía local.
En balance, los agricultores han abandonado sus tierras y esto ha provocado una caída en la producción agrícola, lo que ha incrementado la inseguridad alimentaria en la zona.
