En el marco del Plan Democracia 2026, las autoridades han definido un despliegue sin precedentes para garantizar el orden público durante la jornada electoral. Un total de 3.168 uniformados de la Fuerza Pública custodiarán el 100% de los 684 puestos de votación distribuidos en los 116 municipios del departamento. Este dispositivo contempla una vigilancia especial en 232 zonas rurales y corregimientos, además de 11 centros carcelarios, contando con el respaldo estratégico del Ejército Nacional en las áreas de mayor sensibilidad.
La Fiscalía General de la Nación y el CTI han socializado un despliegue técnico para atender denuncias inmediatas sobre delitos electorales, mientras que la Procuraduría activó su campaña de «Paz Electoral». Este esfuerzo interinstitucional busca no solo prevenir el fraude, sino también mitigar la polarización y posibles hechos de violencia. Según datos de la Registraduría, para este 2026 se espera una participación masiva, lo que obliga a los organismos de inteligencia a mantener una vigilancia permanente sobre cualquier alteración del derecho al voto.
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En cuanto al balance de seguridad, el departamento muestra una reducción significativa en lesiones personales y niveles históricos en municipios como Facatativá y Zipaquirá, que reportan las cifras de muertes violentas más bajas de la última década. No obstante, el reto persiste en municipios como Soacha, Chía y Mosquera, que actualmente concentran el 70% de la carga criminal de la región. En el caso específico de Soacha, se destaca una reducción del 50% en homicidios durante el inicio del año, pasando de 11 a 6 casos reportados.
Finalmente, las Fuerzas Militares y la Policía presentaron la actualización del cartel de los más buscados y el mapeo de estructuras criminales organizadas que pretenden incidir en el territorio. Aunque las denuncias por delitos sexuales han aumentado, la oferta institucional se ha fortalecido para garantizar justicia a las víctimas.
