La Junta Directiva del Banco de la República sorprendió al mercado financiero al incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, situándola en un 10,25%. Esta medida superó ampliamente las proyecciones de los analistas, quienes estimaban un ajuste más conservador de apenas 0,50 puntos porcentuales. La votación reflejó una clara división interna: cuatro codirectores respaldaron el alza, dos propusieron reducirla y uno optó por la estabilidad, evidenciando la complejidad del panorama económico actual.
El principal motor detrás de esta decisión fue el comportamiento de la inflación en 2025, que cerró en un 5,1%, mostrando una reducción casi imperceptible frente al 5,2% de 2024. Preocupa especialmente el repunte de la inflación básica (sin alimentos ni regulados), que escaló del 4,85% al 5,02% en el último bimestre del año. Asimismo, las expectativas inflacionarias para el cierre de 2026 sufrieron un deterioro significativo, saltando de una proyección inicial del 4,6% a un 6,4%.
A pesar de que la economía colombiana registró un crecimiento del 2,9% en 2025, el Emisor advirtió sobre desafíos estructurales en el comercio exterior. Se prevé un crecimiento acelerado de las importaciones en contraste con una caída en las exportaciones del sector minero-energético, lo que presiona la balanza comercial. Esta coyuntura llevó a la mayoría de la Junta a priorizar el control de precios sobre la expansión crediticia, buscando anclar las expectativas de mercado a largo plazo.
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Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó su «total desacuerdo» con la medida, calificándola como un freno deliberado a los beneficios del reciente aumento del salario mínimo. Según el jefe de la cartera, el alza de tasas pretende neutralizar los efectos redistributivos de las políticas gubernamentales y advirtió que la decisión podría generar un efecto contraproducente: desacelerar el crecimiento económico y, paradójicamente, presionar al alza el costo de vida para los ciudadanos.
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