La tensión diplomática entre Bogotá y Quito ha alcanzado un nuevo punto crítico. El Gobierno de Ecuador decidió elevar de 3 a 30 dólares la tarifa que cobra a Colombia por transportar el petróleo de Ecopetrol a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Este incremento, que representa un sorprendente 900%, fue confirmado por la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, quien justificó la medida como un acto de reciprocidad ante la crisis energética que atraviesa su país.
La ministra Manzano fue enfática al señalar que la decisión responde directamente a la suspensión del suministro de energía eléctrica por parte de Colombia hacia Ecuador. «Ecopetrol entrega cerca de 12.000 barriles diarios. Hay que hacerles entender que nosotros también prestamos un servicio vital para sus empresas», afirmó la funcionaria. Esta medida afecta directamente la competitividad del crudo colombiano que utiliza la infraestructura ecuatoriana para llegar a mercados internacionales.
Esta «guerra comercial» se encendió el pasado 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia. Como respuesta inmediata, el Gobierno colombiano aplicó aranceles equivalentes a productos ecuatorianos y cortó el flujo de electricidad, una movida que ha profundizado el déficit energético en Ecuador, que ya enfrentaba racionamientos debido a la sequía y la crisis de sus hidroeléctricas.
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Hasta el momento, la Cancillería colombiana ha intentado sin éxito concretar una reunión bilateral para desescalar el conflicto. El impacto económico es latente: mientras el transporte de petróleo se encarece drásticamente, los exportadores de ambos países ven cómo sus márgenes de ganancia se diluyen por los impuestos transfronterizos. El estancamiento del diálogo sugiere que las medidas de presión podrían endurecerse en los próximos días, afectando no solo al sector petrolero, sino al abastecimiento de bienes básicos en las zonas de frontera.
