En el Día Internacional de la Persona Migrante, la Defensoría del Pueblo de Colombia y sus homólogas recomiendan articular acciones que garanticen entornos seguros y favorables para niñas, niños, adolescentes, jóvenes migrantes y mujeres
Hoy, Día Internacional de la Persona Migrante, la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) aprobó el Plan de Trabajo de la Red de Movilidad Humana y contra la Trata.
Esta red, cuya coordinación está a cargo de la Defensoría del Pueblo de Colombia, tiene como fin trabajar de forma articulada en acciones integrales que contribuyan a salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas migrantes, en especial porque Colombia es la nación que más flujo de migrantes y refugiados venezolanos ha tenido, con más de 2.8 millones de personas.
De ese número, 1.9 millones cuentan con el Permiso por Protección Temporal (PPT), cerca de 347.500 están en proceso de regularización y alrededor de 407.000 se encuentran en situación irregular. El país, igualmente, es ruta de tránsito para migrantes y mujeres y hombres de todas las edades con necesidad de protección internacional provenientes de poco más de 160 nacionalidades, principalmente de Venezuela, la propia Colombia, Ecuador, Haití y China.
“Establecer vías permanentes y accesibles de regularización para la población migrante en situación irregular, además de fortalecer el registro e intercambio de información, en particular para niñas, niños y adolescentes no acompañados, son algunas de las acciones que recomendamos a los gobiernos de turno. Las y los migrantes deben tener un trato digno, sin importar su estatus migratorio, con enfoques diferenciales de género, edad, etnia y discapacidad”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, como coordinadora de la Red de Movilidad Humana y contra la Trata.
Según Migración Colombia, unas 382.000 personas cruzaron la selva del Darién entre enero y noviembre del 2024. Sin embargo, de acuerdo con cifras de MIgración Panamá, se ha tenido una reducción del 41% con respecto al año pasado. En ese lugar, zona fronteriza con Panamá, el 19.5% de las personas en tránsito son niñas, niños y adolescentes y el 30.8%, mujeres adultas. Entre los principales riesgos que enfrentan están la violencia sexual, trata de personas, reclutamiento forzado, enfermedades e incluso la muerte.
“Por eso es propicio articular acciones que garanticen entornos seguros y favorables para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres migrantes. Trabajar en la implementación de medidas de protección para población LGBTIQ+ y mujeres con enfoques de edad, género, etnia y discapacidad también se hace necesario”, llamó la Defensora del Pueblo de Colombia.
Otras recomendaciones
– Mejorar el registro de la población migrante transcontinental, del Caribe y terceros países que cruzan el Darién.
– Abordar las causas estructurales de la migración forzada, como la discriminación y la violencia en los países de origen de quienes migran.
– Combatir la xenofobia, discriminación y aporofobia, promoviendo la inclusión social.
– Gestionar la participación de refugiados y migrantes en la formulación e implementación de políticas públicas.
– Crear protocolos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en tránsito fronterizo, y garantizar la entrega digna de los cuerpos cuando haya lugar a ello.
“Hoy hacemos un llamado a recordar a todas las autoridades, no solo de Colombia, sino de todos los países del mundo, que migrar es un derecho y hoy tenemos la oprotunidad de trabajar para garantizarlo. Garantizar los derechos humanos de esta población es un reto urgente que requiere una política migratoria integral y acciones multilaterales”, puntualizó la Defensora Iris Marín Ortiz.
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— Nación Colombia (@NacionColombiaX) December 18, 2024