En video quedó registrado el momento en que un exclusivo hotel de propiedad de la familia Araujo, ubicado en la ciudad de Cartagena, habría restringido el uso de un tramo de playa únicamente a sus huéspedes.
Se estaría utilizando para ello a guardias de seguridad privada con el acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional.
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Los audios y videos hacen parte de la denuncia radicada ante la Procuraduría General de la Nación, en la que se pone en conocimiento la presunta expulsión de ciudadanos de un bien de uso público.
“Estaba con niños, acompañado de una familia, teníamos un balón y refrescos, en un día normal de descanso. Llegó el cuerpo de seguridad y la policía armada, incluso pidiendo apoyo para sacar de la playa a dos niños, a una familia y a quienes estábamos allí”, relató el denunciante Óscar Benavides.
En Colombia, las playas son bienes de uso público y no pueden ser privatizadas bajo ninguna modalidad.
El artículo 63 de la Constitución Política establece que estos bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables; el artículo 674 y 679 del Código Civil las define expresamente como bienes de uso público; la Ley 9 de 1989 (artículo 5) y la Ley 388 de 1997 prohíben su ocupación exclusiva; y la normatividad de la Dimar ratifica que el acceso debe ser libre, permanente y gratuito.
Ningún hotel, empresa o particular puede limitar el ingreso o permanencia de ciudadanos en estos espacios.
De confirmarse la actuación de los uniformados en favor de intereses privados, se configurarían presuntas faltas disciplinarias conforme al artículo 6 de la Constitución, la Ley 62 de 1993 que rige la función de la Policía y la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, que prohíbe expresamente utilizar el cargo para favorecer intereses particulares y exige imparcialidad absoluta en el ejercicio de la función pública.
En otro de los apartes de los audios, los propios policías habrían manifestado que la restricción obedecía a una supuesta directriz de la Alcaldía de Cartagena en coordinación con la gerencia del hotel, por lo que en la denuncia también se solicita investigar a la administración distrital por una posible coadministración irregular del espacio público, abuso de autoridad, prevaricato y vulneración de derechos fundamentales, incluidos los derechos prevalentes de los niños.
“Se solicita a los organismos de control adelantar una investigación integral para establecer la responsabilidad disciplinaria, penal y administrativa de todos los involucrados, ordenar la restitución plena del acceso público a la playa y garantizar que la fuerza pública no vuelva a ser utilizada para proteger intereses privados en perjuicio de la ciudadanía”, señaló el denunciante Óscar Benavides.
