Clanes políticos estarían detrás de un millonario contrato que hipoteca el alumbrado público de Cali por 20 años, sin licitación ni control ciudadano.
Así lo denunció el abogado y veedor Angello Fernando Vásquez Muñoz, quien informó que presentó denuncias formales ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación por presuntas actuaciones irregulares dentro de EMCALI, que podrían derivar en una privatización encubierta del servicio de alumbrado público.
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De acuerdo con el veedor, existen indicios de un acuerdo interno para entregar la operación del alumbrado a un “aliado estratégico” por un periodo de 20 años, sin proceso de licitación pública, sin estudios técnicos o jurídicos conocidos, y sin participación ciudadana, lo que contraviene los principios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva.
“Estamos ante un posible intento de privatizar un servicio esencial por la puerta de atrás, sin competencia y sin control ciudadano. Cali no puede volver a ser víctima de modelos opacos que beneficiaron a contratistas y perjudicaron a toda la ciudad”, señaló Vásquez Muñoz.
El jurista recordó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-949 de 2001, estableció que “toda actuación contractual del Estado debe garantizar la transparencia, la selección objetiva y la participación ciudadana”, y que cualquier figura que restrinja la libre competencia vulnera el artículo 209 de la Constitución Política.
Asimismo, el Consejo de Estado ha reiterado que la omisión de los principios de publicidad y selección objetiva en los procesos de contratación constituye causal de nulidad absoluta, por contrariar el interés general y afectar la función administrativa.
El veedor sostuvo que no existe hasta la fecha un estudio técnico, financiero o jurídico público que justifique la supuesta alianza, lo que vulnera el derecho fundamental de participación ciudadana y acceso a la información pública, reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-299 de 2019.
“El alumbrado público no puede convertirse nuevamente en un negocio oscuro. La luz de la ciudad debe reflejarse primero en la claridad de los actos administrativos”, enfatizó.
Con fundamento en la Ley 1757 de 2015, Vásquez Muñoz exigió a Roger Mina, gerente general de EMCALI; Guadalupe Guerrero, secretaria general; y José David Insuasti, gerente de Energía, que presenten públicamente los estudios técnicos y jurídicos que sustentan el modelo propuesto.
El veedor advirtió que, de comprobarse la omisión de los principios de transparencia, solicitará la intervención inmediata de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, por posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, detrimento patrimonial y abuso de función pública.
“Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que sus servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas. La luz que necesitamos en nuestras calles debe comenzar por iluminar la gestión pública”, concluyó el veedor.
