La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) encendió las alarmas tras denunciar una serie de despidos masivos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el gremio, la cartera dirigida por la canciller Rosa Villavicencio ha iniciado la declaratoria de insubsistencia de un número significativo de auxiliares administrativos en sedes de Bogotá, misiones diplomáticas y consulados, justo antes de que inicie la Ley de Garantías el próximo 31 de enero.
Los sindicatos cuestionan la oportunidad de estas medidas, preguntándose por qué no se esperó a superar la coyuntura electoral de este 2026. Existe un temor fundado sobre posibles intereses políticos en la contratación de nuevo personal antes de que las restricciones legales impidan movimientos en la planta del Estado. Para UNIDIPLO, estas «salidas abruptas» debilitan la capacidad institucional y afectan directamente la atención de miles de colombianos en el exterior.
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La denuncia resalta que la Cancillería no ha presentado un plan de contingencia claro para suplir las vacantes, lo que ha derivado en una asfixiante sobrecarga laboral para los funcionarios que permanecen en sus puestos. Ante este panorama, los gremios exigen la creación de una mesa de diálogo técnico y explicaciones públicas inmediatas que justifiquen el criterio técnico utilizado para estas desvinculaciones en un momento tan sensible para el país.
Hasta el momento, la respuesta del Ministerio ha sido limitada. Solo se han referido formalmente al caso de Rafael Guillermo Arismendy Jiménez, exdirector (e) de Protocolo, aclarando que su reubicación al grupo de Visas e Inmigración se dio por «solicitud propia». Sin embargo, el silencio sobre el resto de la planta administrativa mantiene en vilo a los funcionarios, quienes solicitan la suspensión inmediata de nuevas insubsistencias para proteger la carrera diplomática y la transparencia electoral.
