La aspiración de Julio Aníbal Álvarez a la Cámara de Representantes por el departamento de Nariño enfrenta un panorama jurídico crítico a pocos días de los comicios. El Comité de Transparencia Ciudadana Electoral ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE), aportando pruebas que podrían derivar en la anulación de su candidatura o de su eventual elección por presuntas irregularidades en la captación de sufragios.
El eje de la controversia es un video captado el pasado 11 de febrero en el barrio Cantarana de Pasto. En las imágenes aparece Wílber Murillo, quien para la fecha se desempeñaba como Subsecretario de Infraestructura Urbana. Según el documento de la denuncia, el exfuncionario habría utilizado una reunión comunitaria para manifestar un respaldo político explícito al candidato liberal, permitiendo incluso la intervención de delegados con insignias del Partido Liberal Colombiano en un acto oficial de gestión pública.
Para los entes de control, estos hechos configuran una posible intervención indebida en política por parte de un servidor público y, lo que es más grave, presuntos delitos de constreñimiento al sufragante. Se investiga si la promesa de ejecución de obras públicas fue utilizada como moneda de cambio para asegurar votos en sectores vulnerables. Ante la magnitud del escándalo, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, anunció la apertura de procesos internos y confirmó que acudirá a la justicia penal para deslindar responsabilidades administrativas.
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Las consecuencias para Julio Aníbal Álvarez podrían ser inmediatas. El CNE tiene la potestad de revocar la inscripción de candidaturas si se comprueba la violación de las normas electorales antes de la jornada de votación. Mientras el departamento de Nariño espera claridad sobre la transparencia de sus candidatos, el aspirante liberal ha guardado silencio y no ha emitido un pronunciamiento oficial que aclare su relación con los hechos denunciados en el barrio Cantarana.
