Un nuevo escándalo sacude al Gobierno de Colombia, luego de que la exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo denunciara presuntos actos de acoso sexual cometidos por el viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, Nelson Lemus Cruz, en el Ministerio de Igualdad y Equidad, institución dirigida por la vicepresidenta Francia Márquez.
Cobos presentó la denuncia tras renunciar a su cargo, acusando a Lemus de conductas inapropiadas, que según la funcionaria, incluyeron toques no deseados y propuestas laborales que ocultaban un interés personal.
En su relato, Cobos explicó que el viceministro intentó abrazarla y le susurró al oído en varias ocasiones. Además, mencionó que cuando acudió a la asesora de Lemus para reportar la situación, esta minimizó la gravedad de los hechos y sugirió que, si el viceministro la invitaba a su apartamento, no debía preocuparse.
Comunicado a la
Opinión Pública 👇: pic.twitter.com/npLyLfWEV1— Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia 🇨🇴 (@MinIgualdad_Col) February 19, 2025
La exfuncionaria también destacó el trato desigual que recibió dentro del Ministerio. Asegura que la negativa a acompañar al viceministro a un viaje a Caquetá, por motivos personales, habría desatado represalias y conductas discriminatorias por parte de Lemus y su asesora. Además, cobró relevancia un mensaje escrito con labial en un espejo del baño del Ministerio, que alertaba sobre la presencia de un supuesto acosador en la entidad.
Al conocer la denuncia, la vicepresidenta Francia Márquez instruyó de inmediato a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se remitiera el caso a la Procuraduría General de la Nación. Además, activó los protocolos de apoyo y asistencia para Cobos, asegurando que recibiría todo el respaldo necesario para que pudiera tomar las decisiones que considerara pertinentes, respetando los principios de confidencialidad y debido proceso.
Este caso ha generado una fuerte reacción tanto en los círculos políticos como en la opinión pública, en medio de un creciente debate sobre el manejo de situaciones de acoso y violencia de género dentro de las instituciones del Estado. El Gobierno ha señalado que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que se esclarezca la situación y se proteja a la víctima.