En un acto de profunda preocupación y condena, la Defensoría del Pueblo ha rechazado enérgicamente la reciente masacre ocurrida en la vereda La Sagrada Familia del municipio de López de Micay, donde se registró la muerte violenta de doce personas, incluyendo cinco mujeres trabajadoras sexuales.
La entidad ha convocado a las autoridades a implementar de manera urgente las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas previas y ha exigido respeto por los derechos humanos y el cese de la violencia contra la población civil, especialmente contra las mujeres.
Masacre en López de Micay: Un hecho desgarrador
La Defensoría del Pueblo ha condenado el ataque que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre de 2024, en el que se confirmó la muerte de siete hombres y cinco mujeres en la vereda La Sagrada Familia.
Según los primeros reportes, las mujeres víctimas del ataque eran trabajadoras sexuales, un grupo que enfrenta una vulnerabilidad y marginalización aún mayores en el contexto del conflicto armado.
La Defensoría ha señalado que la violencia dirigida contra este grupo refleja la grave desigualdad de género exacerbada por el conflicto.
Llamado a la acción y cumplimiento de alertas tempranas
En respuesta a la tragedia, la Defensoría ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para que aceleren la implementación de las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas.
Estas alertas, en particular la 033 de 2020 y la 039 de 2023, ya habían advertido sobre los graves riesgos humanitarios para la población civil, incluyendo los ataques contra mujeres.
La entidad ha afirmado que ha estado monitoreando la situación de cerca y participará activamente en las acciones de respuesta institucional.
En colaboración con las autoridades locales y regionales, la Defensoría llevará a cabo una misión humanitaria para asegurar la protección de los civiles, con un enfoque especial en las mujeres.
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Responsabilidad bajo el Derecho Internacional Humanitario
La Defensoría ha recordado a todos los actores armados en la subregión del Naya que tienen la obligación de respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que incluyen la distinción, proporcionalidad y precaución.
Esto implica que no se deben llevar a cabo acciones violentas contra la población civil, incluso si tienen alguna relación con los grupos armados.
Crisis humanitaria
La intensificación del conflicto armado en el Naya está poniendo en grave riesgo la vida y dignidad de miles de personas atrapadas en medio de disputas entre grupos armados.
La Defensoría del Pueblo ha subrayado que la crisis humanitaria requiere una acción inmediata por parte de las autoridades competentes para evitar más pérdidas y proteger a las comunidades más vulnerables.
Compromiso en marcha
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de seguir monitoreando la situación desde el territorio y colaborar en la construcción de soluciones que pongan fin a la violencia.
La protección de los derechos humanos y la garantía de seguridad para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, permanecen como prioridades absolutas.
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