Bogotá, 9 de septiembre de 2024. Durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado contundente sobre la grave situación de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres en Colombia. En una rueda de prensa, Marín señaló que esta problemática constituye una de las crisis de derechos humanos más alarmantes, tanto en el país como en el mundo, pero que a menudo se pasa por alto en las discusiones globales.
“La violencia y discriminación contra las mujeres es una crisis de derechos humanos que no solemos ver con la gravedad que merece”, expresó Marín, quien es la primera mujer en ocupar el cargo de Defensora del Pueblo en Colombia. Según cifras reveladas por la entidad, entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se reportaron 630 feminicidios y 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar. Estos datos reflejan la urgente necesidad de mejorar los mecanismos de protección para las mujeres y garantizar su acceso a la justicia de manera efectiva.
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Violencia institucional y falta de respuesta estatal
La Defensora subrayó que la falta de acción por parte de las instituciones del Estado agrava la situación. «La violencia institucional es cómplice de la violencia contra las mujeres», enfatizó. Para Marín, lo más preocupante no es solo que exista violencia en los hogares y las calles, sino que las autoridades no reaccionen con la urgencia requerida, muchas veces por falta de formación para abordar estos casos.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo se comprometió a seguir acompañando a las víctimas a través de sus Duplas de Género y el servicio de representación legal de la Defensoría Pública. Además, la entidad impulsará procesos de pedagogía y formación en derechos humanos, para que las instituciones estatales ofrezcan respuestas más coordinadas y eficaces frente a la violencia de género.
Preocupante aumento en los casos de violencia de género
El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que, durante 2024 y hasta el 31 de agosto, se registraron 106.601 casos de violencia de género, incluyendo violencia física, sexual, negligencia y abandono psicológico. El 76% de estas víctimas son mujeres, lo que equivale a 80.934 casos. La Defensora resaltó que estas cifras reflejan una crisis estructural que afecta a las mujeres en todos los sectores de la sociedad, con un impacto especial en lideresas sociales y niñas.
Marín también mostró su preocupación por el aumento de los suicidios entre menores y jóvenes, una situación que calificó como «un síntoma de nuestra incapacidad como Estado de ofrecerles un entorno protector». El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que entre 2019 y 2023 se registraron 1.462 suicidios, de los cuales el 53% corresponden a niños y adolescentes, siendo los más afectados los jóvenes entre 14 y 17 años.
Defensoría del Pueblo y su rol en las negociaciones de paz
La Defensora Iris Marín también se refirió al papel de la entidad en los procesos de paz y en la defensa de las víctimas del conflicto armado. Aseguró que la agenda de la Defensoría seguirá enfocada en proteger los derechos de mujeres, niños y adolescentes, además de impulsar políticas de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia, incluida la violencia ejercida por el Estado.
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Marín pidió al Gobierno Nacional que permita a la Defensoría cumplir un rol humanitario en las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales. Explicó que, si bien la entidad no pretende ser parte de las mesas de negociación, podría actuar como delegada humanitaria, brindando información clave a partir del Sistema de Alertas Tempranas. «Nuestro chaleco humanitario y nuestra información deben ser útiles para que se tomen las mejores decisiones en favor de la protección civil», sostuvo Marín.
Asimismo, hizo un llamado a los excombatientes que han desertado del proceso de paz, advirtiendo que quienes retoman las armas perderán todos los beneficios adquiridos tras la firma del Acuerdo de Paz. Exigió también que el Estado fortalezca las condiciones de seguridad para los excombatientes que han cumplido con su compromiso, ya que desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 430 firmantes.
La urgencia de una respuesta integral
La Defensora del Pueblo cerró su intervención con un llamado al Estado para enfrentar las causas profundas del control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, no solo aquellos con agendas políticas, sino también aquellos que dependen de economías ilícitas. Insistió en la necesidad de recuperar la gobernanza en regiones afectadas, no solo a través de la acción de la fuerza pública, sino también mediante la justicia y una gobernanza civil y social integral del territorio.
Iris Marín reiteró el compromiso de la Defensoría del Pueblo en continuar su labor de protección y defensa de los derechos humanos, en especial de las mujeres, niños y comunidades vulnerables, en un contexto de violencia que aún persiste en muchas zonas del país.
