Bogotá, 3 de julio de 2024 – La Procuraduría General de la Nación ha sancionado al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con una inhabilidad de seis meses y una multa de 104 millones de pesos. La decisión se tomó debido a su participación en actividades políticas durante la campaña presidencial de 2022, específicamente por la publicación de un video promoviendo «el cambio en primera».
La Procuraduría determinó que Quintero abusó de su cargo al emitir mensajes que incitaban al apoyo al cambio en la primera vuelta presidencial y solicitaban revisar la votación en las mesas con votos del Pacto Histórico. La entidad concluyó que Quintero actuó con pleno conocimiento de que estaba violando las normas de imparcialidad política que deben seguir los funcionarios públicos.
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Respuesta de Daniel Quintero
Daniel Quintero reaccionó a la sanción a través de la red social X, calificando el fallo como «corrupto» y acusando a la Procuraduría de violar la Constitución, la ley y la Convención Americana de Derechos Humanos. Quintero, quien se encuentra en Washington, afirmó que recurrirá a instancias internacionales para apelar la sanción.
«Este es un fallo que atenta contra la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia», declaró Quintero. Asimismo, advirtió que esta sanción pone en riesgo sus aspiraciones políticas, en particular su candidatura a la presidencia en 2026.
El fallo de la Procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la constitución, la ley y la convención americana. pic.twitter.com/iDJT41S08J
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 3, 2024
Contexto y reacciones
La decisión de la Procuraduría ha generado un intenso debate sobre la intervención de entidades disciplinarias en asuntos políticos y sus implicaciones en el panorama electoral colombiano. La sanción a Quintero se suma a una serie de controversias políticas en el país, marcadas por procesos disciplinarios y electorales.
La Procuraduría argumentó que los actos de Quintero, incluidos la publicación de videos y mensajes de apoyo a la candidatura de Gustavo Petro, violaron las normativas que garantizan la imparcialidad de los funcionarios públicos. El diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien interpuso la demanda, presentó 400 pruebas contra Quintero y aseguró que esta sanción es el inicio de un proceso para garantizar justicia en el uso indebido del cargo público.
Esta situación continuará desarrollándose mientras Quintero y su equipo legal buscan revertir la decisión y la Procuraduría mantiene su postura sobre la inhabilitación y sanción impuestas.