Bogotá, D. C., 21 de noviembre de 2024. La Procuraduría General de la Nación requirió información detallada a los ministerios de Ambiente y Minas sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Coordinadora Nacional Minera el pasado 25 de octubre. Estos compromisos buscaban dar fin a la protesta social pacífica que tuvo lugar en el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Sur de Córdoba y Marmato.
Requerimientos al Ministerio de Ambiente
El ente de control solicitó a la ministra Susana Muhamad el cronograma de implementación del Decreto 044 de 2024, que establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental. Además, pidió detalles sobre las respuestas a las propuestas presentadas por la Coordinadora Nacional Minera durante una reunión celebrada el 5 de noviembre, en la que la Procuraduría no fue convocada, pero participó como observadora.
También se solicitó información sobre el apoyo del ministerio a los procesos de formalización minera, fundamentales para garantizar una actividad regulada y sostenible en la región.
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Requerimientos al Ministerio de Minas
Al ministro de Minas, la Procuraduría le exigió actas o relatorías de las sesiones de trabajo realizadas junto al Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Minería. Estas reuniones, anunciadas públicamente, pretenden coordinar estrategias para el seguimiento de los compromisos adquiridos con los sectores minero y campesino.
Llamado de atención al Gobierno Nacional
La Procuraduría, a través de su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, hizo un llamado al Gobierno Nacional por no informar ni convocar al órgano de control a reuniones estratégicas. Según la entidad, es indispensable su participación para velar por los derechos ciudadanos en temas ambientales y minero-energéticos.
El cumplimiento de los acuerdos del paro minero y campesino sigue bajo la lupa de la Procuraduría, que insta a los ministerios a proporcionar información clara y oportuna. La supervisión del ente de control es clave para garantizar que los compromisos pactados beneficien de manera efectiva a las comunidades y sectores involucrados.
