Las recientes excarcelaciones en Venezuela generaron cuestionamientos entre las organizaciones defensoras de derechos humanos debido a la falta de claridad en los reportes oficiales y a que las medidas no significaron el fin de los procesos penales contra los detenidos, quienes continuaron vinculados a investigaciones por terrorismo pese a salir de prisión bajo condiciones restrictivas.
El Ministerio de Justicia de Servicios Penitenciarios reportó la liberación de 99 personas, pero organizaciones como Foro Penal y Provea confirmaron cifras menores tras realizar una verificación caso por caso. Según sus registros, apenas se corroboró la salida de entre 45 y 70 ciudadanos, un dato que contrastó con el anuncio gubernamental realizado en vísperas de Navidad.
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Óscar Murillo, coordinador de Provea, señaló que la situación evidenció una falta de transparencia. El vocero explicó que los beneficiarios no recibieron una absolución, sino que salieron bajo medidas cautelares, tras haber sido imputados por cargos graves, lo que mantuvo su estatus legal comprometido.
Murillo denunció que este procedimiento respondió a un modelo autoritario caracterizado por la arbitrariedad, al punto que muchas liberaciones ocurrieron sin la firma de un juez. Asimismo, criticó los comunicados del gobierno en los que se afirmó que los detenidos fueron “engañados”, un argumento que las organizaciones interpretaron como una revictimización.
La mayoría de los beneficiados resultaron arrestados tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en operativos descritos como redadas abiertas. El reporte indicó que, aunque hubo personas vinculadas a la logística electoral, el grueso de los liberados correspondió a ciudadanos detenidos de forma aleatoria en las calles o tras la revisión de sus teléfonos celulares.
Esta situación afectó principalmente a jóvenes de distintos estados, quienes fueron trasladados a cárceles lejanas de sus lugares de origen, dificultando el contacto con sus familias y el acceso a la defensa legal.
A pesar de estas medidas, la cifra de presos políticos en Venezuela supera las 900 personas. Provea advirtió que el ciclo de represión continúa activo y que figuras clave permanecen privadas de la libertad.
Entre los casos vigentes se mantiene el de Enrique Márquez, excandidato presidencial detenido en el Sebin, tras solicitar aclaraciones sobre los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Justicia.
De igual manera, defensores de derechos humanos y miembros del equipo de trabajo de líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González continúan detenidos, lo que llevó a las oenegés a concluir que estas excarcelaciones no representan un cambio real en la política estatal.
Colprensa
