La crisis en Cambio Radical se agudizó tras la polémica sesión en la que fue elegido Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Allí se evidenció una fractura que amenaza con convertirse en un divorcio político al interior de la colectividad. El centro de la disputa está en los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, quienes fueron sancionados por supuestamente apoyar al Gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que su partido se declaró en oposición.
La medida impuesta por la dirección de Cambio Radical, bajo el liderazgo del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, consistió en despojarlos de voz y voto en el Senado. Sin embargo, la decisión fue controvertida y terminó en una batalla jurídica ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que permitió a Ortega y Castañeda ejercer su derecho democrático y participar en la votación que definió la llegada de Camargo al alto tribunal.
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En medio de este escenario, el senador Temístocles Ortega salió al paso de los señalamientos y defendió su independencia política. “Defendí mi derecho a la voz y el voto”, afirmó, asegurando que no ha actuado en contra de los principios de su partido, sino que ha hecho valer su libertad de conciencia en el ejercicio legislativo. Ortega recalcó que su postura no significa un alineamiento con el petrismo, como lo acusan algunos sectores, sino una expresión legítima de la democracia interna.
El episodio reveló las profundas fisuras internas de Cambio Radical, una colectividad que en el pasado fue clave en la gobernabilidad de distintos gobiernos y que hoy enfrenta tensiones por su rol en la oposición. Para algunos analistas, la sanción impuesta a Ortega y Castañeda podría convertirse en un precedente negativo, pues limita la autonomía de los congresistas y debilita la pluralidad de voces dentro de las bancadas.
Mientras tanto, en los pasillos del Congreso se especula sobre el futuro político de ambos senadores. Ortega, con una trayectoria reconocida en el suroccidente del país, y Castañeda, con influencia en la Costa Caribe, representan corrientes que podrían buscar nuevos rumbos si las diferencias con Vargas Lleras y la dirección del partido se profundizan.
El CNE tendrá un papel determinante en este proceso, pues deberá resolver si la sanción impuesta por Cambio Radical se ajusta a la Constitución y a la Ley de Bancadas, o si, por el contrario, vulnera derechos fundamentales de representación política. El fallo marcará la ruta sobre el alcance de la disciplina partidista frente a la libertad de los legisladores.
Por ahora, la crisis en Cambio Radical sigue abierta y genera incertidumbre sobre la unidad del partido de cara a los próximos debates legislativos. Lo ocurrido con Ortega y Castañeda no solo expone las tensiones internas, sino que también pone en evidencia la dificultad que tienen algunos partidos para definir su papel frente al Gobierno Petro en un escenario político cada vez más polarizado.
