Ignorada por meses, la Procuraduría General de la Nación cumplió su advertencia y llevó ante los tribunales el polémico convenio de 1,3 billones de pesos con la Casa da Moeda de Portugal para la elaboración de pasaportes, un desenlace que el Gobierno enfrenta ahora en medio de un mar de dudas sobre el futuro de un documento esencial para millones de ciudadanos.
El pasado 14 de octubre, el Ministerio Público instauró una demanda de nulidad absoluta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para invalidar el contrato interadministrativo firmado el 28 de julio entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la estatal portuguesa Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
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La acción judicial no solo busca dejar sin efectos el acuerdo, sino que exige que la compañía extranjera «devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido», junto con intereses moratorios a la tasa más alta permitida.
El argumento central es contundente: el Gobierno justificó la contratación directa, sin licitación, amparándose en una norma para convenios con organismos internacionales que exige una financiación mínima del 50 % por parte del socio extranjero. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que el aporte de la casa de moneda portuguesa correspondía únicamente al 21 % del valor total, cifra que, según la demanda, obligaba a realizar un proceso de licitación pública que garantizara la competencia y la transparencia.
Una crisis anunciada
La demanda de la Procuraduría no fue una sorpresa. Fue la culminación de más de un año de investigaciones, visitas preventivas y advertencias públicas que documentaron un proceso plagado de irregularidades. Desde agosto de 2025, el organismo de control halló “graves fallas administrativas” en la Imprenta Nacional, entidad que, según las pesquisas, “no contaba con la capacidad técnica y operativa para ejecutar directamente el objeto contractual”.
Esta falta de capacidad ya había sido advertida en julio por la entonces canciller Laura Sarabia, quien antes de su salida insistió: “Hoy consideramos que la Imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición.” Sus declaraciones confirmaron las sospechas de que la entidad colombiana se limitaría a gestionar pagos mientras la Casa da Moeda de Portugal asumía la totalidad de la operación, lo que para el Ministerio Público “configura una subcontratación integral del objeto del convenio.”
La controversia ha salpicado a cuatro cancilleres. Inició con Álvaro Leyva, destituido por 10 años por declarar desierta una licitación que, según investigaciones, favorecía a Thomas Greg & Sons, empresa que ha expedido los pasaportes por 17 años. Continuó con Laura Sarabia, cuya salida se precipitó por su choque con el entonces jefe de despacho, Alfredo Saade —sancionado por presionar la firma del convenio con Portugal—, y se extendió a Luis Gilberto Murillo y a la actual canciller, Rosa Villavicencio, ambos investigados por su rol en el proceso.
La investigación de la Procuraduría también documentó la ausencia de estudios de mercado, falta de justificación técnica y documentos sin firmas. Además, reveló graves vicios en la junta directiva de la Imprenta del 18 de julio de 2025, que aprobó el negocio, donde hubo citaciones extemporáneas y se exigió a los asistentes firmar acuerdos de confidencialidad.
La respuesta: “No hay ni habrá crisis”
Frente a la ofensiva judicial, la Cancillería buscó dar un parte de tranquilidad. En declaraciones a la prensa, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno es “muy respetuoso del ámbito de competencia de la justicia” y que esperará la notificación oficial de la demanda, la cual, subrayó, “no está admitida aún a trámite.”
Villavicencio explicó que, una vez notificados, usarán “todas las herramientas de nuestro ordenamiento legal para poderle responder y que sea la justicia la que resuelva la controversia.”
Ante la pregunta directa de si existía un riesgo inminente para la expedición de pasaportes si la demanda prospera, fue tajante: “No, no hay ningún riesgo. En este momento no hay ningún riesgo, son suposiciones.”
Fue enfática al afirmar que el suministro está garantizado: “No ha habido, no hay y no habrá crisis en los pasaportes.” Pidió responsabilidad a la ciudadanía y a los medios para no generar una “alarma social”, como la que, según ella, dejó 115.000 pasaportes tramitados y sin reclamar.
La tranquilidad del Gobierno se apoya en un plan de contingencia: la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons, firmada el 27 de agosto, que garantiza la expedición del documento hasta el 30 de abril de 2026. Este acuerdo le da al Ejecutivo un margen mientras se libra la batalla en los tribunales.
Los escenarios judiciales: ¿qué sigue ahora?
Con la demanda presentada, el futuro del pasaporte colombiano entra en un complejo laberinto judicial cuyo desenlace podría tardar años. El análisis jurídico, basado en la Ley 1437 de 2011, que rige estos litigios, y la visión de expertos en contratación pública, perfilan varios escenarios posibles:
Admisión y medida cautelar (El escenario más riesgoso a corto plazo): si el Tribunal admite la demanda, la Procuraduría podría solicitar suspender provisionalmente la ejecución del contrato. Si se concede, el plan del Gobierno quedaría congelado de inmediato.
Proceso sin suspensión (Un limbo prolongado): el convenio seguiría ejecutándose mientras avanza el proceso judicial. Si al final se anula, el Estado tendría que recuperar fondos públicos y reiniciar todo.
Fallo en contra del Gobierno (La nulidad del contrato): si la justicia le da la razón a la Procuraduría, Portugal debería devolver todo el dinero y el Gobierno iniciar una nueva contratación.
Fallo a favor del Gobierno: el convenio con la Casa da Moeda de Portugal seguiría vigente hasta 2037.
Por ahora, la única certeza es que la expedición de pasaportes no se detendrá gracias a la prórroga con Thomas Greg & Sons. Sin embargo, la advertencia que la Procuraduría lanzó durante más de un año y que fue desatendida, hoy se ha convertido en un pleito legal que definirá no solo la suerte de un contrato billonario, sino la capacidad del Estado para garantizar, sin improvisaciones ni sobresaltos, el derecho de los colombianos a tener su documento de viaje.
