La crisis de seguridad en las cárceles de Colombia encendió las alarmas del Gobierno Nacional tras el asesinato del subdirector de la cárcel de Neiva, hecho que confirmó que guardianes y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se han convertido en objetivo directo de las bandas criminales que operan dentro y fuera de los centros de reclusión.
El homicidio, ocurrido en un ataque sicarial en el que también perdió la vida un menor de edad, evidenció el alto nivel de riesgo que enfrentan los servidores públicos del sistema penitenciario, especialmente en regiones donde el control carcelario ha sido disputado por estructuras delincuenciales. El hecho generó una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo, que ordenó reforzar las medidas de protección para el personal penitenciario.
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Tras el crimen, el Gobierno anunció una recompensa económica para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del atentado. De manera paralela, un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional asumieron la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y desmantelar las redes criminales involucradas.
Las autoridades confirmaron además que se inició una revisión integral de los protocolos de seguridad nacional, especialmente aquellos relacionados con los traslados de internos, la protección de directivos carcelarios y el control interno en los establecimientos penitenciarios. El análisis busca cerrar brechas que estarían siendo aprovechadas por organizaciones criminales para ejercer presión violenta desde las cárceles.
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Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos que reflejan el deterioro de la seguridad penitenciaria en el país y plantea un desafío urgente para el Estado: garantizar la vida de los funcionarios, recuperar la autoridad institucional dentro de las cárceles y frenar la expansión del crimen organizado que, cada vez con mayor frecuencia, responde con violencia a las acciones de control y orden del sistema judicial colombiano.
