La paciencia de los habitantes en el norte de Bolívar llegó a su límite. Lo que comenzó como una serie de apagones intermitentes se ha transformado en una emergencia sanitaria y social de grandes proporciones. Actualmente, al menos 230.000 ciudadanos de los municipios de Arjona y Turbaco padecen la falta de agua potable, una consecuencia directa de la inestabilidad en el servicio de energía eléctrica.
La situación ha escalado a tal punto que las calles se han convertido en escenarios de bloqueos y protestas. Las familias aseguran que llevan más de tres meses lidiando con un servicio deficiente que hoy les impide realizar tareas básicas como cocinar o asearse.
El «tire y afloje» entre Acualco y Afinia
La empresa operadora del acueducto, Acualco S.A.S., rompió el silencio y señaló directamente a Afinia como el responsable del desabastecimiento. Según la entidad, las constantes oscilaciones, bajas de voltaje y cortes nocturnos impiden que las plantas de potabilización funcionen correctamente.
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Humprey García, gerente operativo de Acualco, fue enfático en la urgencia de una respuesta de fondo:
«Estas fallas son reiterativas desde hace tres meses. Le exigimos al operador de energía una solución inmediata, ya que no hemos encontrado respuestas a las múltiples quejas instauradas», afirmó el directivo.
En total, son más de 37.000 predios los que hoy ven afectados sus caudales de agua debido a que el sistema eléctrico no ofrece la estabilidad necesaria para el bombeo y tratamiento del líquido vital.
Un llamado a la intervención nacional
La crisis ya no es solo operativa, es humana. Los habitantes de esta zona del Caribe colombiano advierten que las manifestaciones se intensificarán si no hay un pronunciamiento oficial de los alcaldes locales, los entes de control y, especialmente, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La fragilidad de la infraestructura en el Caribe queda, una vez más, en evidencia. Mientras las empresas prestadoras se lanzan la responsabilidad, miles de familias en Arjona y Turbaco permanecen en vilo, esperando que el servicio de energía deje de ser un obstáculo para un derecho fundamental: el acceso al agua potable.
