La batalla jurídica de Diego Marín Buitrago, conocido en el mundo del crimen como alias “Papá Pitufo”, ha sufrido un golpe definitivo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela con la que la defensa del denominado «zar del contrabando» pretendía anular todo el proceso judicial en su contra, incluyendo el trámite para su extradición hacia Colombia.
De acuerdo con el alto tribunal, el recurso presentado por los abogados de Buitrago carecía de una base jurídica clara, lo que despeja el camino para que la justicia continúe con el proceso penal contra el hombre que, según investigaciones, lideró durante décadas el ingreso ilegal de mercancías al país.
El intento fallido por tumbar la imputación
El origen de este pulso legal se remonta a enero de 2025, cuando un juez de Bogotá adelantó la audiencia de imputación de cargos en contumacia (rebeldía), debido a que Marín Buitrago se encontraba fuera del país. La defensa alegó en su momento que se había vulnerado el debido proceso y que no se les permitió intervenir adecuadamente durante la diligencia.
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Aunque el caso escaló por diversas instancias, la Corte Suprema fue enfática al señalar que la tutela no era el mecanismo para frenar un proceso que ya cuenta con los canales legales ordinarios para su defensa. Con esto, la imputación por delitos relacionados con el contrabando y la corrupción de funcionarios públicos sigue vigente.
Un imperio de décadas bajo la lupa
El prontuario de alias “Papá Pitufo” no es reciente. Su nombre aparece en los radares judiciales desde los años 90, vinculado inicialmente con el lavado de activos del Cartel de Cali. Sin embargo, su verdadero poder se consolidó al crear una red criminal capaz de permear las instituciones.
Según la Fiscalía, entre 2023 y 2024, Marín Buitrago habría pagado más de COP 1.019 millones en sobornos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en los puertos de Cartagena y Buenaventura. El objetivo era simple: que las autoridades «miraran hacia otro lado» mientras sus contenedores inundaban el mercado nacional.
Actualmente, mientras el proceso avanza en los despachos judiciales de Colombia, el «zar» permanece en Portugal, a la espera de que los tratados internacionales y las decisiones de las altas cortes definan su regreso para responder ante la justicia nacional.
