En una contundente acción judicial, la Corte Suprema de Justicia realizó una inspección en las oficinas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de la investigación sobre el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso ha generado gran controversia al involucrar a congresistas y altos funcionarios en presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos a cambio de favores políticos.
La inspección, llevada a cabo el pasado 10 de diciembre, fue dirigida por el magistrado Misael Rodríguez, quien preside la Sala de Instrucción de la Corte. Durante la diligencia, los investigadores se enfocaron en la oficina de enlace con el Congreso y en la recolección de pruebas que permitan determinar si hubo acuerdos indebidos entre congresistas y funcionarios del Ministerio durante la gestión del exministro Ricardo Bonilla. Asimismo, se allanó la vivienda de Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio, y se incautaron documentos y equipos electrónicos clave, como el computador de una de las asesoras principales.
Entre los elementos de prueba recopilados, figuran declaraciones que comprometen aún más a los involucrados. María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, señaló que el exministro tenía conocimiento del esquema de corrupción y detalló cómo se distribuían los contratos a congresistas mediante «cupos indicativos».
El escándalo ha salpicado a reconocidos congresistas, entre ellos Liliana Bitar, Wadith Manzur, y Juan Pablo Gallo, quienes presuntamente habrían recibido beneficios ilícitos.
El Ministerio de Hacienda informó que atendió la diligencia y entregó la documentación requerida. Entretanto, la Corte continúa recopilando más de 50 evidencias documentales y 10 testimoniales que podrían esclarecer uno de los mayores casos de corrupción del actual Gobierno.
