La suerte está echada para el ambicioso plan económico del Gobierno Nacional. Este jueves 9 de abril, la Sala Plena de la Corte Constitucional inicia el debate definitivo sobre el Decreto 1390 de 2025, pieza angular de la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro. Todo indica que el Ejecutivo sufrirá un nuevo revés jurídico.
El magistrado ponente, Carlos Camargo Assís, ha presentado un documento de 86 páginas que no deja lugar a dudas: solicita que la medida sea declarada inexequible. De confirmarse la tendencia que ya se vio en enero (con una votación de 6 a 2), el Gobierno sumaría su tercer fracaso consecutivo en el intento de gobernar bajo estados de excepción.
Un «juego democrático» que el Gobierno no puede saltar
El argumento central de la ponencia de Camargo es contundente. Para el magistrado, la crisis invocada por el Gobierno no cumple con los requisitos de ser sobreviniente, imprevisible o extraordinaria.
El Gobierno argumentó que el hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso justificaba la emergencia. Sin embargo, la ponencia es clara al señalar que:
«La democracia representativa reconoce la posibilidad de que las iniciativas gubernamentales no sean aprobadas. Que un proyecto estrella no logre los votos no es una catástrofe imprevista; es, sencillamente, el ejercicio de la política».
En términos sencillos, la Corte ratificaría que un estado de excepción no puede ser utilizado como una «vía rápida» para implementar reformas que el Legislativo ya rechazó.
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Errores de forma: Ministros sin firma y falta de motivación
Además de los argumentos de fondo, la defensa del decreto enfrenta obstáculos técnicos difíciles de superar:
Faltaron firmas: Tres ministros no firmaron el decreto, un requisito constitucional insubsanable.
Motivación insuficiente: De las ocho causales presentadas por el Gobierno para justificar la urgencia, la ponencia considera que ninguna alcanza el estándar mínimo de justificación legal.
El dilema de la salud: ¿Qué pasará con la UPC?
Pese a la inminente caída del decreto, existe una preocupación real en el Palacio de Justicia: la financiación de la salud.
El sistema enfrenta un déficit crítico. Se proyecta que para 2026 la ADRES gire 101 billones de pesos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero las EPS reportan que sus costos superan los ingresos en casi un 10%.
Tanto el procurador Gregorio Eljach como la defensora Iris Marín han pedido que, aunque se declare inconstitucional la emergencia, la Corte module los efectos para proteger los recursos de la salud. La paradoja recae en el propio Camargo, quien en el pasado abrió incidentes de desacato contra el Gobierno por no pagar a tiempo la UPC, y ahora debe decidir si la herramienta elegida por Petro para saldar esa deuda es legal o no.
El patrón de las emergencias fallidas
Si la Sala Plena acoge la ponencia de Camargo, sería el tercer revés sistémico para Petro:
La Guajira (2023): Tumbada por tratar problemas estructurales como si fueran emergencias.
Catatumbo (2025): Declarada parcialmente inconstitucional.
Emergencia Nacional (2025-2026): En vilo por el Decreto 1390.
La decisión final no solo definirá las finanzas del país, sino que marcará un precedente histórico sobre los límites del poder presidencial frente al Congreso de la República.
