La Corte Constitucional inició de manera formal el control automático de constitucionalidad del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional. El estudio quedó en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, quien actúa como magistrado sustanciador del expediente y ordenó una revisión integral de la medida excepcional, solicitando pruebas técnicas e información adicional a distintas entidades del Estado.
En su providencia, la Corte aclaró que este trámite no implica un aval ni un rechazo previo a la declaratoria de emergencia, sino el inicio de un procedimiento obligatorio previsto en la Constitución. El alto tribunal evaluará si las causas invocadas por el Ejecutivo —como la falta de liquidez fiscal, el endeudamiento, la seguridad ciudadana, la no aprobación de la ley de financiamiento y los desastres naturales— cumplen con los criterios de imprevisibilidad, excepcionalidad y sobreviniencia, o si corresponden a problemas estructurales del Estado que no justificarían un estado de excepción.
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Para sustentar este análisis, la Corte ordenó la recolección de pruebas técnicas y solicitó el concepto de expertos económicos, así como información a varias entidades públicas, con el fin de establecer si realmente se agotaron los mecanismos ordinarios antes de acudir a una medida excepcional. El tribunal también examinará la coherencia fiscal del decreto frente a las decisiones recientes del Gobierno en materia de financiamiento y deuda pública.
Uno de los puntos clave del estudio es la verificación de los requisitos formales, especialmente la validez de las firmas ministeriales. En ese contexto, la Corte solicitó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia información sobre la situación administrativa de los ministros firmantes y, en particular, el acto de encargo de Irene Vélez como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El tribunal advirtió que la falta de competencia legal de un firmante podría constituir un vicio de constitucionalidad, incluso si las razones económicas resultaran válidas. Además, pidió explicaciones sobre las aparentes contradicciones entre los límites de endeudamiento alegados y la emisión de bonos TES por $23 billones, así como la asunción de nueva deuda cercana a $152 billones.
